Corte Constitucional

El próximo sábado 30 de abril, la plataforma ciudadana Unidos por la Vida realizará la 16° Marcha Nacional por la Vida en Colombia, que busca "rechazar el aborto, pedir protección real para la mujer y exigirle al Congreso una ley que proteja la vida desde la fecundación hasta su muerte natural”. Así lo anunció José de Jesús Magaña Martínez, director de este movimiento provida, quien agregó además que, "este será un momento donde vamos a marchar para pedir que se anule la sentencia C 055 de febrero pasado, que permite el aborto para bebés de 6 meses de gestación”. El directivo observó que es importante recordar que "la vida es sagrada y que debe defenderse desde la concepción hasta su muerte natural, de manera especial cuando esta vida se encuentra más vulnerable, es decir, en el vientre materno y en el final de la misma". Se está coordinando para que por lo menos, la marcha se realice en 70 ciudades del país, como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Manizales, entre otras. En Bogotá, la marcha comenzará a las 10:00 a.m. en el Parque Nacional , ubicado en la carrera 7 con la calle 39. En la invitación se anima para que los asistente lleven banderas de Unidos por la Vida, el pañuelo celeste de “Salvemos las 2 vidas”, banderas de Colombia, pitos y tapabocas. Por su parte, monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, obispo de Riohacha y presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida. al unirse a esta iniciativa dijo: “Quisiera hacer una invitación, con mucha alegría, a todos los colombianos amantes de la vida, para que el próximo 30 de abril salgamos a las calles de nuestras ciudades, manifestemos nuestro amor por la vida y exijamos el respeto por la vida”. Cabe recordar que el 21 de febrero la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta los seis meses o 24 semanas de embarazo. El fallo del alto tribunal decretó que: “La conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006”.

Fueron miles de personas las que se congregaron este fin de semana, en las distintas plazas del país, para manifestarse en contra de la decisión de la Corte Constitucional, quien despenalizó el aborto hasta el sexto mes de gestación. Fue una jornada pacífica, donde asistieron religiosos, religiosas, sacerdotes, miembros de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal y grupos próvida, para decir ¡SÍ a la vida, NO al aborto! A través de un manifiesto en contra del aborto, buscarán hacerle frente a la decisión de la Corte. Los asistentes dijeron que con la sentencia “se legalizó la pena de muerte para inocentes” y que el “pueblo” es el constituyente primario, por lo que están “indignados” con el fallo de los magistrados. La mayoría de los manifestantes, aseguraron que continuarán movilizándose por las calles, en contra de esta decisión y acudirán a las instancias necesarias para contrarrestar lo que califican como un “infanticidio. “Le enviamos un mensaje al mundo, que no nos resignaremos y que no descansaremos hasta que se restablezca y se garantice el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, aseguraron. DESCARGAR MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA VIDA [icon class='fa fa-download fa-2x'] AQUÍ[/icon]

Luego de la sentencia C-233/21, adoptada el pasado jueves 22 de julio, por la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un pronunciamiento de seis puntos en el que presenta algunas consideraciones con “el ánimo de contribuir al diálogo y al discernimiento común sobre los valores que han de orientar a nuestra sociedad”. En uno de sus ítems, aseguran los obispos que “la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”. Agregan que adoptar lo estipulado por la Corte “constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades”. Consideran que una actitud solidaria frente a la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano puede llevar a una persona a declinar la intención de suprimir de manera voluntaria la vida, aún en los casos en que la ciencia médica no tiene la respuesta para una curación física. Con el fin de afrontar esta realidad de una manera más humana, sin tener que acudir a la eutanasia, los obispos de Colombia hacen un llamado al Estado para que se “garantice la debida atención sanitaria a las personas que sufren lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, o que se encuentran en estado terminal, especialmente cuando se trata de los más pobres”. En materia de salud, piden una mayor inversión de recursos económicos e intervención psicosocial para atender a las familias y cuidadores de los enfermos, de manera especial a los más desprotegidos; así mismo, esfuerzos terapéuticos del personal sanitario para tratar adecuadamente el dolor y respetar la dignidad del paciente hasta el momento de su muerte natural. Finalmente, invitan a todos a seguir descubriendo “los mejores caminos para respetar el derecho a la vida de toda persona y poder fortalecer los lazos de amistad social entre todos los colombianos”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Tras el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia sobre la despenalización del aborto, la Iglesia colombiana, a través de monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, señaló que lo ocurrido ha sido “un alto en el camino que nos permite tomar aire y continuar con lo que la Corte todavía no ha solucionado ni le toca, lo que el Congreso asumirá, que es que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte natural”. En esta línea, el también obispo de Fontibón, recordó que “continúan vigentes todas las sentencias anteriores que siguen haciendo daño, que permiten terminar con la vida de un nasciturus a los siete u 8 meses; por ello, para nosotros no significa, de ninguna manera, un fin, sino continuar en nuestra lucha por la defensa y promoción de la vida”. “La vida es sagrada", insistió. “Esto hay que respetarlo en cualquier latitud. La Constitución de Colombia, en su artículo 11 dice: la vida es inviolable, no habrá pena de muerta. Es un derecho fundamental la vida, ahí no dice en tales meses, circunstancias, sino desde la concepción hasta la muerte natural”. Sobre las tres causales vigentes, monseñor Córdoba precisó: Primera causal: “¡Terrible! Acompañamos, denunciamos, levantamos nuestra voz contra las violaciones a mujeres; que el agresor vaya a la cárcel o a un psiquiátrico, pero si el niño pudiera hablar qué diría: Cuando mi papá violó a mi mamá yo ni siquiera existía y ahora que sí existo en lugar de condenar a mi papá y castigarlo, me la dedican a mí con la pena de muerte. Entra una tenaza y me sacan, me llevan a una bolsa plástica y me botan como desecho biológico y al que cometió el acceso carnal no le hicieron nada”. “(…) El niño tiene derecho a la vida, él no tiene por qué sufrir la consecuencia de los derechos de los mayores. Primero los niños, articulo 44 de la constitución colombiana”, enfatizó. Segunda causal: Cuando el niño viene con malformaciones. “No estamos de acuerdo en la afirmación inviable con la vida (…) Ninguna incapacidad es inviable con la vida (…) Están acabando con la dignidad del ser humano”. Tercera causal: Cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer.“La posición de la Iglesia ante esto es que el doctor trate de salvar a ambos. Si salvando a uno muere el otro esto no es ni aborto ni un asesinato. El médico ha cumplido son su juramento hipocrático de salvar la vida (…) Además, hoy hay tratamientos paliativos para acompañar la gestación durante los 9 meses”. Finalmente, el obispo insistió en que “de ninguna manera las tres situaciones van con aprobación para acabar con la vida, al contrario, son disculpas que se han inventado. El aborto no es un derecho fundamental (…) Como se establece en el artículo 11 de nuestra Constitución, sigue siendo el derecho fundamental a vivir, no existe derecho fundamental a acabar la vida de los nasciturus”. Además, alertó sobre la importancia de trabajar en las familias que son "el tejido fundamental para el equilibrio psicológico, emocional, físico de la persona".

Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez - Causa extrañeza, a algunos, que siga habiendo un “debate sin fin” (El Tiempo 27-10-19), en torno al “aborto legal”, cuando en realidad ese debate quedó abierto desde el día, para unos “memorable” para otros “lamentable”, cuando la Corte Constitucional (10-05-06), dio la Sentencia 355, considerando este asunto como “un tema de salud”, y, en tres casos determinados, “despenalizó” el delito del aborto. En querer imponer la opinión de unos pocos, y en forma sesgada, está el origen de este debate, pues no se habló en la Sentencia de “legalizar”, pero se ha querido darle esa dimensión, y la misma Corte pasó luego acrecentar diferencias al hablar de que de allí ha surgido, como un “derecho de la mujer”, pedir que se mate al hijo de sus entrañas. Además, recientemente, se ha pretendido, de parte de la misma Corte, exigir al Ejecutivo hacer reglamentación del aborto como si fuera un “derecho de la mujer”, que se puede practicar hasta los últimos días del embarazo, y que, prácticamente, los galenos no puedan presentar “objeción de conciencia”, algo tan claramente reconocido por nuestra Constitución (Art. 11), y por códigos civiles. Como graduado en Derecho Canónico, estudioso de legislaciones de distintos países, Presidente por 12 años del Tribunal Eclesiástico Nacional, defensor del derecho natural al sagrado derecho de la vida, siento que, para bien de nuestro País, debo pronunciarme en este nuevo momento álgido. Es que de parte de la misma Corte Constitucional se pretende obligar al Presidente de la República, y colaboradores del Ramo de Salud, a dar reglamentaciones que no les corresponden, con detalles que pisotean aspectos de derecho natural que reclama el respeto a la vida, primer derecho de los seres humanos. Es de advertir que desde el 2006 venimos repitiendo que, estamos ante reclamos no solamente de carácter religioso, sino acordes con Tratados de Derechos Humanos, y gran número de científicos, sosteniendo la preciosa realidad de la dignidad y derechos de la persona humana desde su concepción, a pocas horas de ser engendrado, hasta su muerte natural. Es de destacar cómo, en nuestros días, hay gran sensibilidad por seres vivos de la naturaleza, las plantas, las aves, los toros, y los niños ya nacidos (postnatal), pero en relación los no nacidos (prenatal), tan débiles e indefensos, qué inclemencia, al contraponerlos a sus madres, a quienes quieren dar el derecho de exterminarlos, al considerarlos como un estorbo a sus libertades. Es que los tres casos despenalizados pueden ser fácilmente extendidos a número infinito, pues hay posibilidad de alegar causas con gran facilidad. Que hubo “violación”, cómo se puede contradecir su afirmación si las relaciones íntimas son de ordinario sin testigos; en caso de “peligro de la salud y vida de la madre”, con qué amplitud se puede alegar, al tener en cuenta que todo embarazo trae serio peligro; ante la “deformación del niño en crecimiento uterino”, antes que matarlo hay múltiples medios de su mejoramiento, con médicos especialistas en ello, y, siendo, por lo demás, esos niños ya nacidos, centro de amor y cuidado de hogares con sentimientos naturales humanitarios. Existe, además, el hecho de que, apenas dada la referida Sentencia de la Corte de despenalización en los casos mencionados, dictó el Ministerio de Salud la Reglamentación 444 que fue demandada por destacados Juristas, y fue declarada nula por el Consejo de Estado (15-03-13), por incompetencia de ese Ministerio para emanarla. Se precisó, en ese momento, que es al Parlamento a quien le correspondería, si lo estima correcto hacerlo, dar una determinación al respecto, pero si éste se niega por estimarlo inconveniente, no hay camino constitucional para que en este orden de cosas se proceda a dar orden al Ejecutivo para realizar este acto. Sería ilegal que el Presidente, o cualquier funcionario que reciba esa orden, la cumpliera, pues estaría realizando algo ilícito y nulo. De un Presidente que, con valor, y exponiendo su prestigio, pensó que, “a conciencia”, debía hacer objeciones a la legislación sobre la JEP, se espera que, en este caso, al menos igualmente grave, objete esa orden inconstitucional que ha recibido y se niegue a cumplirla. En el caso del aborto es de rememorar la actitud de gran valor cívico del Rey Balduino, de Bélgica, que prefirió renunciar a esa dignidad, con peligro de no ser restituido de su cargo (05-04-90), antes que rubricar algo en contra de la ley natural, para que otro, si lo estimaba procedente, firmara lo aprobado en el Parlamento. + Libardo Ramírez Gómez Obispo Emérito de Garzón Email: monlibardoramirez@hotmail.com

Por: Rafael De Brigard - Que cada uno se pueda meter su por rito en el parque mientras los niños corren detrás de un balón y las mamás comparten las últimas noticias del barrio, es una muestra más de cómo la filosofía y el derecho actuales, y también cierta antropología, han elevado al individuo a la categoría de primera y última regla de vida. El lema es: para el individuo, cero límites; él lo es todo; sus derechos son prácticamente infinitos; su responsabilidad ante la sociedad es la menor posible; la autoridad debe inclinarse reverente ante sus pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Y la sociedad colombiana ha engendrado un Estado, una Constitución, unas leyes, unos gobernantes y unos ciudadanos que tienen una propensión casi que enfermiza a hacer valer lo que el individuo desea a costa de cualquier otro valor o parecer. Hemos llegado a institucionalizar un individualismo radical. Y al mismo tiempo, a desconocer en gran medida toda realidad comunitaria como el matrimonio, la familia, la sociedad, el barrio. Estas comunidades han sido arrinconadas por esta fuerza de hombres y mujeres que no ven más allá de sus narices y que quieren hacer todo lo que se les ocurra, sin ninguna consideración por sus consecuencias. Incluso reclaman el derecho de dañar sus propias vidas sin que nadie pueda oponerse a ello. Y la sociedad ha adoptado una cómoda actitud de “respeto y tolerancia”, incluso frente a la presencia de lo que destruye las personas. Claro que respeto y tolerancia forzada, pues de lo contrario hay linchamiento y juicio. Desde hace un tiempo se ha propuesto una ética del cuidado y es la que me parece nos está haciendo falta. Muchos individuos no quieren cuidar su vida y tampoco la de los que están a su alrededor. Cuidar significa ofrecer todo lo que causa bien a la persona y obstaculizar lo que la afecte y destruya. Y la tarea de cuidar tiene que hacerse entre todos los miembros de una comunidad o una sociedad y desde luego bajo la tutela de la autoridad. Pero, ¿una autoridad que comulga con el consumo de sustancias sicoactivas no podría ser acusada de ser cómplice del delito de destrucción de muchas vidas? ¿Y al facilitar esto en espacios públicos, la autoridad no se muestra más bien propensa a extender el mal que debería combatir? Si no queremos adictos cerca de los más frágiles, tampoco queremos más autoridades que con palabras elegantes estén favoreciendo la destrucción de personas y su dignidad. ¿Esto no es encubrimiento de un delito, aunque se le quiera llamar derecho? La legislación y la jurisprudencia en Colombia están encadenadas por ideologías, más que por filosofías profundas y sabias. Están arrinconadas por “modas” intelectualoides que están sacrificando a miles de personas y su dignidad. Trabajan para el aplauso de la galería. Pues han de saber que se están llevando a muchos por delante y por lo visto ya tienen a los niños en la mira. ¿Hasta cuándo los hemos de soportar? Rafael De Brigard, Pbro. Director oficina de comunicaciones Arquidiócesis de Bogotá

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra - Con sobrada razón la Presidencia de la Conferencia Episcopal en su comunicado al respecto, como muchos otros sectores de opinión, hemos manifestado nuestra “preocupación y desconcierto” por la decisión de la Corte Constitucional de eliminar dos incisos del Código de Policía que impedían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en lugares públicos. La realidad cotidiana, que parece en “crescendo”, en relación con la producción, distribución, comercialización y consumo de estupefacientes en nuestro país, que desafortunadamente permea los diferentes ambientes de nuestras ciudades y del campo, generando dolorosa situaciones de adicción, inseguridad, homicidios por retaliaciones entre grupos y otros males, serían una primera razón para pensar en lo desafortunado de tal decisión. Un país que quiere con esforzado sacrificios, construir una paz duradera, a la postre va a encontrar además en este campo, serios impedimentos cuando el problema fundamental de las drogas, que tanto daño nos ha hecho, tenga más mecanismos de retroalimentación. En las visitas pastorales que realizamos a parroquias y sectores especialmente de la ciudad, hemos encontrado un problema común, reconocido por los párrocos, padres de familia, instituciones educativas, autoridades, así como por los mismos jóvenes que habitan estos ambientes, como es la paulatina colonización de espacios públicos (parques, canchas de deporte y calles), normalmente destinados para el ejercicio de actividades que miran al bien común, sana convivencia y construcción social, invadidos ahora por parte de personas y grupos dedicados a la distribución y al consumo, generando entre los habitantes del lugar, miedo y mucha inseguridad para utilizarlos. Por otra parte y en segundo lugar, cabe preguntarse una vez más, si el libre desarrollo de la personalidad no tiene por objeto entonces y principalmente, el crecimiento integral de la persona humana teniendo en cuenta su dignidad, derechos y deberes, talentos y valores que miran al bien de su proyecto de vida que no, por el contrario, aquello que a la postre resulta nocivo para su auténtico crecimiento y plenitud. La dolorosa experiencia cotidiana de ver tantas situaciones lamentables de jóvenes y aun niños farmacodependientes, no puede evitar que pensemos que existe una contradicción en el modo de interpretar la libertad, cuyo ejercicio ha de buscar siempre el bien de la persona, unida a la comunidad. Y es justamente este segundo aspecto de la responsabilidad social de la conducta personal, la que permite argumentar también que los derechos y libertades individuales llegan hasta dónde empiezan los derechos de los demás. Es principio necesario por considerar, a la hora de tomar decisiones como la que comentamos, en la búsqueda del bien común. Por lo menos en la antropología cristiana, es claro que hay un nexo indisoluble y corresponsable entre persona-comunidad. El pacífico discernimiento que todos debemos hacer sobre la materia, buscando el mayor bien especialmente de las nuevas generaciones con sus familias, afectadas de modo particular, presupone la acción de todos los sectores sociales para trabajar en la prevención mediante procesos educativos conducentes a tomar conciencia del mal que entraña el consumo de drogas y el bien que supone el sano crecimiento de las personas, además de las acciones constructivas que miran al buen uso del tiempo libre de niños, jóvenes y ciudadanos en general a través de la utilización adecuada de espacios públicos y aún privados destinados al deporte, la sana recreación y la integración social, entre otros medios y lograr así su “descolonización”. + Ismael Rueda Sierra Arzobispo de Bucaramanga

Frente a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y drogas en espacio público, los obispos se suman con su voz al rechazo de esta sentencia del Alto Tribunal. El Arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, recibió con extrañeza el fallo de la Corte y recordó que la Carta Constitucional en Colombia es clara al decir que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los derechos de los demás y esta decisión afecta directamente a los niños y jóvenes, por lo que pidió reconsiderar esta decisión. “Lamentamos y respetamos los fallos de las Instituciones, pero tenemos el derecho y la obligación ética de hacer caer en la cuenta para que se profundice sin llegar a conclusiones determinantes (…) Se debe debatir con ponderación, buen juicio y sabio discernimiento pensando en el bien de la sociedad, la seguridad de todos y el desarrollo integral de las personas” Afirmó, que actualmente se ha sacado a los niños, jóvenes, familias y deportistas de los sitios de recreación y de los parques, dando espacio para que estos lugares sean ocupados por los consumidores. “Es algo lamentable y doloroso que se constata”. La dosis mínima terminó siendo un problema gravísimo para el país Por su parte el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave Villanoba, al referirse a este mismo tema, dijo que: “El narcotráfico es un problema muy grave que afecta al país, y poder consumir sustancias psicoactivas en parques, parece ir en contradicción del deseo de salir del narcotráfico” Monseñor Olave también aseguró que “estamos en un Estado de Derecho y en una sociedad libre, pero al no poseer la infraestructura adecuada en salud pública e instituciones con las herramientas adecuadas, la dosis mínima terminó siendo un problema gravísimo para el país”. Finalmente, hizo un llamado a las familias a cuidar y a acompañar a la juventud, en aras de buscar estrategias para comprender que la droga es el camino que nos lleva a la muerte.