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Por: Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro - Los recientes acontecimientos que ha vivido nuestra patria, y dolorosamente también en Pasto, no nos pueden ser indiferentes. Por un lado, es comprensible el malestar general por una reforma triburtaria en tiempos de crisis humanitaria. Y tal vez la molestia no viene de la reforma en sí misma sino del modo como esta ha llegado a perfilarse. Es claro que el Estado también sufre las consecuencias de la pandemia y debe buscar maneras para fortalecer su economía, siempre y cuando esta se ordene estrictamente a atender mejor las crecientes necesidades de una población más empobrecida. Una señal positiva y de conexión con el pueblo habría sido dar el primer paso implementando un serio programa de austeridad pública. Sin embargo, cualquier reforma debería salvaguardar la protección de los más vulnerables, librándolos de llevar sobre los hombros una carga impositiva sobre lo que les representa su seguridad alimentaria y vital. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) sostiene que «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación […] y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado» (n. 355). Justicia, eficiencia y eficacia, credibilidad, son premisas clave que deben tenerse en cuenta. Por otro lado, es positivo apreciar a las jóvenes generaciones más conscientes de su país y partícipes activos en las decisiones de la nación. La protesta social, garantizada constitucionalmente es un derecho inalienable y laudable, cuando se hace con plena responsabilidad y honestos y nobles ideales fundados en el derecho fundamental a la vida, la dignidad y el bien común. En la mayoría de los jóvenes, las comunidades étnicas y organizaciones populares pueden confirmar estos ideales – yo mismo pude ver el jueves, mientras regresaba de Tumaco a Pasto, la manera respetuosa y pacífica como los indígenas Awá se manifestaron en la zona de El Diviso. Pero desde otra perspectiva, la legitimidad de la protesta social se ve gravemente comprometida cuando la violencia se vuelve la protagonista. Respetuosamente, creo que la responsabilidad de tutelar que este tipo de manifestaciones se den en paz no es sólo de las autoridades (de ellas lo es principalmente, por supuesto), sino también de los organizadores y participantes, impidiendo que unos pocos desnaturalicen lo que se quiere construir: «La violencia no constituye una respuesta justa […] La violenica es un mal […] la violencia es indigna del hombre […] La violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano» (CDSI, 496). Bienvenidas iniciativas vividas con creatividad y responsabilidad. Nunca más escenas donde el protagonista es el caos y la anarquía en contra de los propios hermanos. +Juan Carlos Cárdenas Toro Obispo Diócesis de Pasto