gobernabilidad

La Guajira es uno de los departamentos que recibe mayor número de migrantes venezolanos en el país. El impacto de la migración masiva se suma a otros problemas de la región como la corrupción, la falta de gobernabilidad, el hambre y el cambio climático. Según monseñor Héctor Salah Zuleta, obispo de Riohacha, se calcula que hay 160 mil migrantes venezolanos establecidos en la Guajira, donde la respuesta gubernamental es insuficiente pues tanto en la gobernación como en las alcaldías no hay la estructura y estabilidad necesaria para poder hacerle frente a los impactos generados. “Riohacha en este periodo ha tenido 10 alcaldes, esto quiere decir que cada alcalde llega con su programa de gobierno y las iniciativas que se habían emprendido quedan frenadas. Lo mismo sucede con los gobernadores, pues en la Guajira hay 7 gobernadores en línea presos y hemos tenido en este periodo más o menos 6 gobernadores encargados, para un departamento que tiene más de un millón de habitantes sin contar a los hermanos venezolanos. Esto genera unas condiciones de incertidumbre, nadie sabe para dónde va el departamento y la mayoría no está en la capacidad de dar respuesta a estas necesidades tan grandes”. Afirma monseñor Salah que las ayudas prestadas por la Iglesia y la cooperación internacional a la población migrante resultan insuficientes. Por ejemplo, en Maicao, municipio fronterizo con Venezuela, con aproximadamente 200 mil habitantes, en los últimos 6 meses pudieron haber llegado 80 mil venezolanos, lo cual impacta temas sensibles de la región como el acceso a la salud, a servicios públicos, a educación y al empleo, y que hoy no tienen una respuesta eficiente por parte del gobierno. La Diócesis cuenta con hogares de acogida a los migrantes donde se prestan ayudas como alimentación, orientación jurídica, servicio de salud, dormitorios que benefician especialmente a madres cabezas de familia y madres gestantes que van de paso. “Yo creo que se han atendido más de 6 mil personas este año sin contar los comedores en los cuales se suministraba desayuno y almuerzo caliente a aproximadamente 5 mil personas. Pero eso es nada en comparación con la urgencia y necesidad de la gente, eso causa cierta frustración”. Los índices de desempleo de la Guajira, según el prelado, están cerca al 20% y puede seguir incrementándose. “Hay empresarios inescrupulosos que prefieren contratar a mitad del salario y sin prestaciones sociales un venezolano que está calificado. Eso significa una injusticia hacia el trabajador venezolano y el aumento del desempleo para el guajiro”. Situaciones como esta, contribuyen al sentimiento de xenofobia que advierte monseñor Salah, al considerar que se ha ido incrementando pues entre los locales existe la percepción que los migrantes les están quitando oportunidades laborales, y que en un departamento con tantas necesidades básicas insatisfechas se presta mayor atención a la población migrante. Llamado de la Iglesia La crisis de gobernabilidad en la Guajira, según el presbítero, es consecuencia de lo que para él es el peor problema de la Guajira: la corrupción. “Gran parte de la élite política ha aprovechado para su propio beneficio los recursos con los que se había podido haber solucionado los demás problemas. Hasta el año 2013 las regalías llegaron directamente a los bolsillos de gobernadores y alcaldes que hoy tienen a mucha gente presa. Con esos dineros se pudo haber realizado proyectos para el beneficio de la gente, pero tomaron otros rumbos. La corrupción va en contra de la economía para el bien común que es lo que promueve la Iglesia”. Se acercan las próximas elecciones regionales y monseñor cree que muchos han comprendido que hoy están pagando la elección desafortunada que hicieron al vender su voto “el llamado es a la gente, para que estudie concienzudamente por quien vale la pena votar en las próximas elecciones para que se comience a mejorar las condiciones de vida.” Sin embargo, advierte: “creo que puede suceder lo mismo de siempre, hay una especie de nepotismo, las familias intentan continuar en el poder, aunque algunos de sus integrantes se encuentren judicializados”. Por su parte, la Iglesia católica continuará prestando ayudas para acoger, proteger, promover e integrar a los hermanos venezolanos y llamar la atención sobre los cambios políticos y sociales que requiere la región.