gobernantes

La situación social que se vive en los territorios del pacífico y suroccidente colombiano ha sido y seguirá siendo motivo de preocupación para la Iglesia presente en estos territorios del país, compuestos en su mayoría por una población afrodescendiente, indígena y mestiza. En este contexto, varios obispos de manera sinodal han querido enviar un mensaje en nombre de las jurisdicciones que cobijan estas regiones, para que sus voces sean escuchadas y atendidas frente al clamor de los pueblos que durante años piden la atención de sus gobernantes y de las instituciones competentes para tener una mejor calidad de vida. Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de la Diócesis de Pasto, considera que la protesta social, garantizada constitucionalmente, es un derecho inalienable y laudable, que se debe hacer con plena responsabilidad. Esta, señala, se debe hacer fundada en valores honestos y nobles ideales como lo es el respeto a la vida, la dignidad y el bien común. Observa que la legitimidad de la protesta se ve comprometida cuando la violencia se vuelve la protagonista. “Es necesario que las autoridades, organizadores y participantes tutelen que las participaciones se den en paz, impidiendo que unos pocos desnaturalicen lo que se quiere construir”. Así también, monseñor José Roberto Ospina Leóngomez, obispo de Buga, anima a los jóvenes para que sueñen con un futuro mejor, les pide ser los protagonistas en la construcción de un país lleno de esperanza, donde Dios esté presente en medio de ellos. “Queridos jóvenes ustedes son creativos, ustedes sueñan un país justo, en paz, con educación; un país donde se tengan posibilidades laborales. Hagan realidad sus sueños, sientan que el diálogo es la forma fundamental para oír y expresarse. Ayúdenos a construir este país donde no solo estamos nosotros sino está Dios en medio”. Por su parte, monseñor José Saúl Grisales Grisales, obispo de Ipiales, puso su mirada en los campesinos, resaltando la loable labor que ellos desempeñan en el campo y el aporte que con su trabajo le hacen al país. Al respecto, pidió a los entes responsables y a la comunidad en general para que se creen políticas públicas justas, sin explotación alguna, sino por el contrario, que se les ayude para que su labor sea reconocida y remunerada de manera equitativa. “Como sociedad colombiana estamos llamados a volver la mirada para asumir compromisos reales con nuestros campesinos, rodearlos y trabajar como sociedad por crear políticas e instrumentos tendientes a su protección y cuidado, que los salvaguarde del intermediario explotador y que les permita el acceso a insumos favorables en razón del aporte que ellos hacen a toda la cadena alimenticia del país. ¡Defendamos a nuestros campesinos!”, asintió. Finalmente, monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, obispo de Quibdó, durante su intervención, aseguró que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con una pobreza altísima. Por ello, celebró la presencia de los jóvenes en las calles manifestando sus inconformidades y exigiendo sus derechos en materia de educación, trabajo y en otros aspectos. “Llegó la hora de que en Colombia pueda haber cambios significativos y esos cambios los tenemos que hacer a través de la reconciliación. Es muy importante que tengamos la capacidad para perdonar y también para pedir perdón. Construyamos el cambio del país a través de la justicia social y la reconciliación”, puntualizó. Es importante recordar que las jurisdicciones eclesiásticas presentes en el pacífico y suroccidente de Colombia son: Cali, Popayán, Apartadó, Quibdó, Itsmina – Tadó, Mocoa - Sibundoy, Buenaventura, Tumaco, Pasto, Ipiales, Cartago, Buga, Palmira, Guapi y Tierradentro.

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro -El pueblo colombiano acaba de elegir a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Teniendo en cuenta las palabras del Concilio Vaticano II, en el sentido de que “nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia” (Cf. Constitución Gaudium et spes, n. 1), quisiera plantear respetuosamente y de modo especial a los nuevos servidores públicos, que se reconocen hijos de la Iglesia Católica, algunos imperativos éticos y morales que es necesario tener en cuenta con la misión que se disponen a asumir en nombre de sus electores. El servidor público ha de buscar soluciones a los problemas de su pueblo Si bien, las necesidades del pueblo son reconocidas en las campañas políticas y a ellas se acuden para “prometer” respuestas tan diversas, son muchos los ciudadanos que se lamentan porque, una vez elegidos, los gobernantes parecen distanciarse del sentir real de sus conciudadanos. Por ello, vale la pena recordar a quienes acaban de recibir el mandato popular, que “no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de su representación”. El servidor público debe mantener viva en su memoria que “comparte el destino de su pueblo” y hacer de sus angustias también las suyas para buscar encontrar honestamente respuestas y soluciones (Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), n. 410). Si los ciudadanos están bien, los gobernantes estarán bien. El título más honroso de los ciudadanos elegidos para ocupar cargos públicos es el de “servidor”, palabra de profunda raíz cristiana que es necesario levantar en la esfera pública; un servicio vivido con paciencia, modestia, moderación, caridad y generosidad. El servidor público ha de ser correcto, no corrupto Una grave deformación de los sistemas de gobierno, ayer y hoy es el de la corrupción. Se trata de un modus operandi que “traiciona los principios de la moral y las normas de la justicia moral”, dejando gravemente comprometida la estabilidad del Estado y la sana relación entre gobernantes y gobernados (Cf. DSI, n. 411). Por ello, el servidor público, y muy especialmente el que se reconoce discípulo de Jesús, debe sentir en su conciencia el fuerte llamado a la coherencia, a la pulcritud en el obrar y al decidido compromiso por el ejercicio de un gobierno transparente, serio, y delicado en la administración de los recursos públicos. No puede haber mejor rédito para el servidor público, nada puede ser un tesoro mayor, que el apoyo de sus ciudadanos que ven recompensado su voto de confianza, traducido en una gestión pública que genera mejores condiciones de vida para todos, con especial predilección por los más necesitados. El servidor público ha de dar prevalencia al bien común sobre los intereses particulares Finalmente, es tan bien una voz general entre los ciudadanos que quienes son elegidos parecen obedecer más a proyectos particulares de ciertas personas o grupos, que responder al sagrado bienestar de todos. Sobre el particular, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la administración pública debe estar ordenada a hacer cumplir este imperativo moral de garantizar el bien de todos los ciudadanos. Para ello advierte que la “burocratización excesiva” y el “funcionalismo impersonal” son dos sombras que pueden oscurecer el cumplimiento de los fines propios de la gestión pública. Por el contrario, los servidores públicos están llamados a transformar las dependencias de lo público en verdaderas instancias de “ayuda al ciudadano”, tendiendo puentes que acerquen a los gobernados con sus gobernantes y no levantando muros que hacen más complejos los caminos para encontrar soluciones a las grandes problemáticas sociales. De esta manera, sea esta la ocasión para invitar a dar esperanza de que es posible superar los viejos vicios que paralizan y postran a la comunidad, para establecer verdaderas políticas públicas coherentes que, superando las posturas personalistas y egoístas, pongan primero la dignidad humana de los ciudadanos y su bienestar. Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro Obispo Auxiliar Cali - Secretario General del Celam

Por: Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro - La democracia en el magisterio de la Iglesia. Los colombianos acabamos de elegir un nuevo presidente para los próximos 4 años. Así que es oportuno dar una mirada a lo que la Iglesia nos enseña acerca de la democracia: sus valores y potencialidades, al igual que los riesgos de los que hay que cuidarse. Viene bien, a gobernantes y gobernados considerar la enseñanza de la Iglesia al respecto. Valores y potencialidades de la democracia En la Encíclica Centesimus annus, san Juan Pablo II afirma que «la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes» (Op. cit., n. 46). Así, el sistema democrático es un auténtico potencial cuando se desenvuelve en medio del correcto balance entre unos elegidos que asumen con responsabilidad el voto de confianza de los ciudadanos, y los electores que ejercen su derecho con libertad, responsabilidad y pensando en el bien común y los intereses superiores de la patria. De igual manera, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que los valores que han de inspirar la democracia son: la dignidad de la persona, el respeto de los derechos humanos, la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de vida la política (CDSI, n. 407). Esto significa que un sistema democrático debe poner como en el centro a la persona considerada en su individualidad así como en su naturaleza comunitaria; todas las actividades ejercidas en este marco, se deben ordenar a la promoción de la persona humana. Existe, además una estructura que se vuelve garantía de solidez para la democracia: la división de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. A este respecto en la mencionada Encíclica de san Juan Pablo II, se dice que «es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del “Estado de derecho”, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres». Ha de ser un esfuerzo de los líderes hacer todo por mantener este sano equilibrio e independencia entre los poderes públicos. En tercer lugar, quienes son puestos a la cabeza de los organismos públicos deben cultivar el espíritu de servicio en el cumplimiento de las funciones que el pueblo les confía; este espíritu se alimenta con las virtudes de la «paciencia, modestia, moderación, caridad, generosidad», así, el servidor público tendrá siempre en mente el bien común, antes que el propio prestigio o el logro de ventajas personales (Cf. CDSI, n. 410). Es que el papel de quien trabaja en la administración pública debe ser específicamente de ayuda solícita al ciudadano. Finalmente, en lo que concierne a los ciudadanos, la democracia auténtica debe garantizar que estos conozcan los mecanismos de participación que les son legítimos y que se les permita ejercerlos cuando así se requiera. Uno de estos mecanismos es el de la información. «Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho y de las varias propuestas de solución (CDSI, n. 414). Riesgos que amenazan la auténtica democracia El relativismo ético — sostiene contundentemente el CDSI —, es uno de los mayores riesgos para las democracias actuales, dado que induce a considerar que no existen criterios objetivos y universales para sustentar la correcta jerarquía de los valores. Además, citando a san Juan Pablo II, advierte que «una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia» (Cf. CDSI, n. 407). En el cambio de época en el que nos encontramos, una de las primeras cosas que hace crisis es la escala de los valores sobre los cuales se edifica la sociedad. Es necesario que la democracia — con el concurso de todos los ciudadanos — apropie los mínimos y máximos éticos a partir de los cuales se debe regir, teniendo en cuenta las raíces profundas que han sostenido la historia de una nación. No se puede olvidar que la democracia no es un fin sino un instrumento, que debe reflejar los valores éticos y morales de los ciudadanos a los que sirve. En segunda instancia, el riesgo de la cooptación de los poderes públicos, y la concentración de estos en intereses particulares o por parte de lo que Francisco llama “colonización ideológica”, pone en claro peligro la salud de la democracia, que claramente puede desembocar en totalitarismos. «Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social»; y este es posible a través de mecanismos como las elecciones libres, las consultas populares, las veedurías públicas, la rendición pública de cuentas (Cf. CDSI, n. 409). Por último, la Enseñanza Social de la Iglesia confirma que la corrupción política es una grave deformación del sistema democrático, pues traiciona «los principios de la moral y las normas de la justicia social», dejando seriamente comprometido el correcto funcionamiento del Estado. La relación negativa entre gobernantes y gobernantes, la desconfianza y falta de credibilidad hacia las autoridades y las instituciones públicas, así como el creciente menosprecio de los ciudadanos por la política, son efectos muy serios que terminan por socavar la estabilidad del sistema democrático. Considerando esto último, es urgente difundir y cultivar en la ciudadanía en todos los niveles, los antídotos contra el veneno de la corrupción: honestidad, transparencia, responsabilidad, lealtad, generosidad, tolerancia, entre otros muchos más. + Juan Carlos Cárdenas Toro Obispo Auxiliar de Cali