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guerrilla

Mié 20 Abr 2022

En Buenaventura aumenta violencia, confinamiento y desplazamiento

Insistente llamado al Gobierno hace el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien asegura que el incremento de la violencia y el desplazamiento en esta región del país sigue creciendo. El prelado en diálogo con el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal, mostró una breve radiografía de lo que está sucediendo en esta región del país. Informó que el ELN reunió a la comunidad de la Vereda San Isidro y “les dijeron que era mejor que se fueran porque iba a ver muchos combates y que peligraban sus vidas, entonces la gente comenzó a salir”, por esta razón, y desde una semana antes del Domingo de Ramos han llegado al Coliseo Cubierto El Cristal de Buenaventura alrededor 200 personas desplazadas. A esta población que se encuentra en unas condiciones difíciles, la Pastoral Social de la Diócesis les ha venido ofreciendo alimentación y artículos de primera necesidad. Así también, está acompañando a los líderes, quienes reclaman la presencia del Estado. También aseguró que la Armada Nacional ha estado llegando hacia ese territorio, pero su presencia no es permanente, ellos solo van de paso. “Pero ellos dicen (habitantes) cuando está la Armada y se quedan no me pasa nada, pero cuando se van al otro día llegan los otros grupos a amenazar y a estigmatizar”. Agregó que en las comunidades del Bajo Calima la gente está cansada, viven en una zozobra y en un miedo permanente por los constantes enfrentamientos que se presentan. Pero también dijo que hay “otras veredas que se están viniendo hacia el casco urbano, hay veredas prácticamente vacías, que tenían 400 o 500 habitantes y ya no queda nadie, otros están allí confinados”. A esta problemática, expuso el obispo, se suma también toda la violencia urbana en Buenaventura, que se genera “por la disputa de territorios entre un grupo llamado los Chotas y otros los Espartanos, que son grupos delincuenciales locales, que cuidan el transporte de la cocaína, hacen extorsión, robos y amedrantan a la comunidad”. Agregó que “todos los productos de la canasta familiar ellos la manejan, cobran un impuesto, nadie puede vender, sino los que paguen el impuesto, el resto no pueden comercializar ningún tipo de productos de la canasta familiar. Ellos todo lo dominan en la ciudad y lo que sale de la ciudad también para la zona rural”. Se requiere la presencia del Estado Frente a este difícil panorama monseñor Jaramillo Montoya reclamó la presencia del Estado, “no puede ser que estos territorios estén solamente al margen de todo el orden nacional y que la autoridad allá la ejerzan solamente los grupos al margen de la ley”. “Necesitamos una presencia del Estado. Primero, del Ejército Nacional, los necesitamos allá, que estén permanentemente en ese lugar; segundo, que junto con la fuerza pública llegue la inversión social, llegue el desarrollo, que mejoremos las escuelas, que haya mejor transporte, que haya ayuda a los campesinos que siembran arroz, siembran cacao y siembran otro tipo de cultivos lícitos, que se le apoye a ellos. Los narcotraficantes sí están apoyando con semilla, con asistencia técnica, con economía a los campesinos para que siembren la coca, no es justo que los narcotraficantes hagan ese papel también hecho y el Gobierno no lo esté haciendo en esos territorios”, concluyó el jerarca.

Mar 28 Mayo 2019

Iglesia: Vida, paz, verdad, perdón, inclusión

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía -Lo que vivimos los colombianos en estos tiempos es decisivo para todos, para salir de conflictos y violencias, apostando juntos por la reconciliación y por un progreso que integre a los más pobres, a las nuevas generaciones, a todas las etnias y regiones, incluso a los inmigrantes. En los últimos años, con el Acuerdo de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Estado, con la Agenda de diálogo acordada con el ELN y con la Ley para el sometimiento colectivo a la justicia de las llamadas BACRIM (bandas criminales), se avanzó mucho y se llegó a soñar y hasta a saborear los inicios de una paz imperfecta pero posible. Se hizo un enorme sacrificio de todas las partes para ponerle cimientos jurídicos a la terminación del conflicto armado, a la ampliación de la democracia, al regreso de subversivos y excombatientes a la legalidad y al trabajo honesto, a la lucha por vías políticas. Se inició la restitución de tierras despojadas con violencia, la reparación de las víctimas, la búsqueda de desaparecidos, la reconstrucción de la verdad y de la memoria y, sobre todo, al funcionamiento de un sistema de justicia especial para la transición a la paz JEP, aportando la verdad, hacia la reparación y la reconciliación, con garantías de no repetición. Se animó a las comunidades marginadas que se dedican al cultivo de la coca, la amapola y marihuana, a hacer parte del cambio, erradicando manualmente y sustituyendo esos cultivos por producción limpia, en alianza con el Estado y el mercado mundial. Los proyectos productivos PDET ( Plan de desarrollo y emprendimiento en territorios)y PNIS (Plan nacional integral de sustitución de cultivos), se plantearon como punto de partida para construir la ciudadania y el Estado en los territorios del conflicto armado, de la droga, la minería ilegal y las economías criminales. Comunidad internacional, subversión, organizaciones ilegales, Gobierno, fuerza pública, sectores sociales, políticos y económicos le apostamos a esta buena hora de la paz de Colombia. Fueron años muy esperanzadores. La Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, nos dio un gran apoyo, rubricado con su inolvidable visita al País. Una visita que, entre otras cosas, hizo pensar en una paz y reconciliación que unieran la nación entera, en sus generaciones, regiones, territorios y ciudades, perdiendo el miedo a soñar en grande, a volar alto, a salir de lo rastrero. Los Obispos y nuestras Iglesias Particulares, comprometidos con una salida por la vía del diálogo y los acuerdos, acompañamos a las víctimas, las mesas exploratorias y públicas de diálogo, los ceses del fuego y hostilidades, las acciones humanitarias, la animación de todos hacia el bien, precario pero esencial, de la paz nacional y completa. Un significativo grupo de Otras Iglesias, con espíritu evangélico de no violencia y de sentido del perdón y de la justicia social, se unieron también a los procesos. Otros, en cambio, como también algunos sectores radicales católicos, se montaron y aliaron contra los acuerdos y procesos, en mala hora y con una visión recortada de la relación entre vida y paz, entre transición y estado pleno de derecho, entre cárcel y justicia, entre fe y política electoral, entre ideologías de género e inclusión social. Hoy, lamentablemente, son más un rebaño electoral que una congregación de creyentes. Esta “mala hora” para una paz sufrida y esquiva, la vive hoy el país con fuertes rupturas y polarizaciones políticas, nacionales e internacionales, y ante el estupor de excombatientes en proceso de reincorporación, de poblaciones y víctimas, y de la misma comunidad internacional que la viene acompañando. Es una hora con pretensiones oscuras, con apego al pasado y miedo a la verdad, con silencios y ofensas de mezquindad entre líderes nacionales que no se hablan, se descalifican y excluyen entre sí, se ven como enemigos irreconciliables; con una enorme incertidumbre que, a su vez, reanima viejas mañas y artimañas, sometiendo la frágil paz al apetito de los corruptos, de los montajes y “falsas noticias”, y a los “dividendos” de la guerra. Lo más grave de esta “mala hora para la paz” son los asesinatos selectivos y sistemáticos de excombatientes y de personas que defienden los derechos y trabajan por la convivencia pacífica entre las etnias y poblaciones. Estos asesinatos y múltiples atentados en contra de policías, soldados, jueces y dirigentes sociales, unidos a las confrontaciones armadas con riesgo de “falsos positivos”, y a las acciones guerrilleras como secuestros, voladuras de oleoductos, amenazas y numerosos hechos delictivos, crean un clima de tensión y degradación de la seguridad en todo el pais y ante el mundo. Como Iglesia Católica tenemos una grave responsabilidad todos (fieles laicos, religiosos y pastores), de cara a la vida humana, que se garantiza con el diálogo y los acuerdos de paz, con la cultura de derechos y deberes sociales, ambientales y políticos. Tenemos el deber pastoral de propiciar el encuentro, de acompañar a las víctimas, de exigir que los acuerdos no se politicen sino que se respeten y cumplan, de orientar hacia la confesión de la verdad y el camino del perdón, de ablandar mentes y corazones intransigentes, que siguen anclados en las pesadillas del odio y la venganza. Como experta en humanidad y en cultura samaritana y solidaria, la Iglesia tiene autoridad moral para ayudar a incluir a todos en el territorio, en el bienestar, en el trabajo, en el “cuidado de la casa común”, en la cultura afectiva de esposos y familias, en la organización social y participación ciudadana. Nuestra evangelización ha de ser misionera, comunitaria, formadora, social y profética, sinodal y esponsalicia, cómo está recogida en el Plan Pastoral. Ella es parte fundamental de LA AGENDA ECLESIAL DE PAZ para Colombia, con una proyección concreta a esta hora decisiva, buena y mala hora, que vive el proceso de paz. A ello debemos ayudar, con firmeza y respeto radical por la diversidad de ideas y opciones políticas, cuidando de no dejarnos hipotecar ni atrapar por quienes reducen la fe a lo íntimo y privado, a postulados ideológicos y teologías políticas en riña con el Evangelio. + DARÍO DE JESÚS MONSALVE MEJÍA Arzobispo de Cali