impuestos

Por: Mons. Juan Carlos Barreto Barreto - Constatar que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que el 39 % de la población colombiana vive en la pobreza, invitan a pensar en las verdaderas causas del empobrecimiento del país y en las soluciones que se deben dar para transformar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Es de conocimiento público que los megaempresarios colombianos siempre han estado en contra de reformas tributarias que les toquen el bolsillo y afecten sus abundantes dividendos y sus tradicionales exoneraciones. Recientemente, el presidente de la ANDI ha tenido a su disposición amplios espacios en diversos medios de comunicación, hablando de la catástrofe que significaría que el actual gobierno realice una reforma tributaria en la que se recauden 25 billones de pesos. En este contexto, se puede afirmar que la propuesta de reforma tributaria del año 2021 produjo un estallido social y la actual propuesta de reforma está produciendo un estallido de las élites. El punto de vista aquí presentado no pretende ser un análisis sobre toda la reforma tributaria, sino sobre la posibilidad de aporte de los sectores económicos con mayores posibilidades. Además, bien sabemos que la sola reforma tributaria no es suficiente si no se logran atacar la corrupción, la elusión y evasión. Para un análisis objetivo es absolutamente necesario tener en cuenta los datos de la Superintendencia de Sociedades, la cual ha informado que las mil empresas más grandes del país obtuvieron utilidades por 98 billones de pesos en el año 2021, y que esas mil empresas han obtenido utilidades por 370 billones de pesos en los últimos seis años (la ganancia en billones, según el año, ha sido: 2016: 45, 2017: 45, 2018: 68, 2019: 69, 2020: 45, 2021: 98). Por consiguiente, se quedan sin fundamento las falsas alarmas del sector empresarial, al cual el país no le pide que deje de recibir utilidades. Lo que se requiere del alto empresariado colombiano es que se parezca al empresariado de Europa y de Estados Unidos, en donde hay solidaridad con la ciudadanía y han contribuido a construir sociedades con bienestar para todos. Por pagar impuestos justos, las empresas no se han acabado en Europa ni en Estados Unidos, y no se acabarán en Colombia. En el caso del sector financiero, según la Superintendencia Financiera de Colombia, a cierre de mayo de 2022, los activos del sistema financiero alcanzaron $2.461,5 billones. De este valor $1.221,5 billones (49,6 % del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los $1.240 billones (50,4 % del total). Respecto a los terratenientes, según un estudio realizado por Oxfam (ONG internacional que trabaja para combatir la desigualdad) con base en las informaciones del DANE correspondientes al censo agropecuario del año 2014 (los datos más actualizados de los que dispone el país), en Colombia el resultado es dramático: el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Indudablemente, Colombia es un país de terratenientes. Otros ricos, dentro de los cuales están empresas que no hacen parte de las mil más grandes del país, los grandes comerciantes, los herederos de grandes fortunas, algunos profesionales y otras personas naturales también gozan de generosos beneficios, y podrían hacer un aporte significativo al país. No escribo este artículo como un economista, porque no lo soy, ni como un defensor del gobierno actual, porque como pastor de la Iglesia estoy comprometido con una posición crítica frente a todos los gobiernos, valorando lo positivo y rechazando lo injusto. Estas reflexiones surgen del análisis de los datos oficiales (los cuales son incontrovertibles), de la preocupación por la desinformación que difunden muchos medios de comunicación y sectores políticos y económicos, y ante la tristeza de ver que el país puede seguir generando riquezas solo para los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes y otros ricos. Me inspira el pensamiento del Papa Francisco, quien, dirigiéndose a los jóvenes en el año 2020, les dijo: “Les escribo para invitarlos a una iniciativa que he deseado tanto: un evento que me permita encontrar a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda. Un evento que nos ayude a estar juntos y conocernos, que nos lleve a hacer un “pacto” para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana”. + Juan Carlos Barreto Barreto Obispo de Soacha Publicado en: Diario El Espectador

Por Mons. Juan Carlos Ramírez - Es la impresión que deja el proyecto de reforma tributaria estructural que hace tránsito de aprobación en el Congreso de la República. Los entendidos en materia tributaria, evidencian que en el proyecto de ley se encuentran elementos sustanciales que deben orientar un sistema tributario estructural: Eficiencia en el recaudo y en la administración, capaz de generar transparencia en la competitividad y progresividad, equitativo en la diferencialidad, fuerte en la estructura para luchar contra la evasión y la corrupción, diligencia en simplificar los procesos para depurar la tramitología que es el “humus” de la corrupción. Es la hermosa cabellera para un elegante peinado, que en manos de diligentes estilistas, certifica la razón de ser de un sistema tributario: Garantizar los recursos necesarios para que el Estado promueva la construcción de una sociedad con calidad de vida y oportunidad para todos. Un valor común, digno de reconocimiento, es que el proyecto de ley está inspirado en los tres informes que la comisión de expertos tributarios (CET), presentó al gobierno nacional y en consecuencia, a la sociedad colombiana. Esto ha permitido el estudio y la reflexión del contenido del proyecto por parte de todos los sectores de la sociedad que han identificado los impactos que la ley de reforma tributaria puede causar en el modelo de negocio que realizan o en la actividad social que desarrollan. Entre las muchas preocupaciones sobre salen: Se afectará el acceso a internet y nuevas tecnologías, pagarán impuestos los dividendos, la economía solidaria que tiene su mayor expresión en las cooperativas, es excluida del artículo 23 del Estatuto Tributario y asume la responsabilidad del impuesto de renta y complementarios; son afectadas personas jurídicas y naturales, el incremento del impuesto a las ventas (IVA), entre tantos otros aspectos que generan preocupación a la economía nacional. El panorama se torna gris al detallar la parte III del proyecto, artículos 140 al 162, que toca muy de cerca a las llamadas Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y en este escenario se encuentra la Iglesia Católica y los movimientos religiosos, que sienten que sus derechos constitucionales son desconocidos y su identidad vulnerada. Las ESAL, inspiradas en los principios de solidaridad y subsidiaridad, ayudan al Estado a cumplir su objeto social; hacerlas responsables del impuesto a la renta y complementarios es confinarlas a desaparecer como personas jurídicas, incapaces de asumir tan elevados costos tributarios, con la dolorosa consecuencia de alejarlas de una actividad que ni el Estado ni la empresa privada alcanzan a desarrollar. Buscando unos pesos se sacrifica la incidencia que ellas tienen en la transformación social del país. Esperamos que los foros que han promovido los coordinadores del proyecto y sus ponentes, hayan aportado luces para que la propuesta de ley que llegará a la plenaria del Senado, esté inspirada en el respeto al orden constitucional y a todos los sectores de la sociedad. En este momento, cuando el gobierno pensaba que los cabellos de oro tributario estaban armonizados en el proyecto, la realidad evidencia que la tan anhelada reforma tributaria estructural “está espelucá”. Mons. Juan Carlos Ramírez Rojas Ecónomo-Director Financiero CEC

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) se manifestó frente a la nueva reforma tributaria que por estos días se está debatiendo en el Congreso de la República, afirmando que dicha reforma da privilegio a los ricos y penaliza a los pobres. En una misiva firmada por el presidente de la CEC, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga y que fue presentada ayer al Congreso, el episcopado solicitó conservar la legislación que mantiene a la Iglesia exenta de pagar impuestos de renta. El documento señala que algunos puntos de la reforma van en contra de la identidad y misión de la Iglesia, pues lo que se propone “compromete gravemente el ejercicio de la tarea evangelizadora y de protección social por parte de las instituciones eclesiales”. La Iglesia pide que se mantenga la legislación actual contenida en el artículo 23 del Estatuto Tributario, en virtud de la cual los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas, que sean sin ánimo de lucro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. “Al excluir a las entidades de la Iglesia católica del artículo 23 del Estatuto Tributario, donde aparecen como entidades declarantes no contribuyentes de renta, dada la actividad histórica y meritoria de la Iglesia, deberían pasar al artículo 19 del Estatuto Tributario como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. Sin embargo, al no poder cumplir con las condiciones establecidas, quedarían como entidades sin ánimo de lucro haciendo una labor social, pero pagando impuesto de renta como si fueran entidades comerciales con ánimo de lucro”, indica el documento.