occidente antioqueño

Las afectaciones por la intensificación del conflicto armado, en el occidente antioqueño y en otras regiones aledañas a estos territorios, han hecho prender hoy las alarmas y llamar la atención del país, para que se ponga la mirada de manera inmediata en estas comunidades que están siendo vulneradas en sus derechos humanos por diferentes factores. Así, lo han dado a conocer en un comunicado las congregaciones, iglesias, diversas espiritualidades, comunidades de fe nacionales y redes internacionales solidarias, quienes denuncian de manera enfática los graves atropellos que vienen siendo víctimas las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en estas zonas del país. Esto, según lo señala la misiva, a raíz del llamado urgente hecho por las Misioneras de la Madre Laura de la Provincia de Medellín, Congregación que por años ha estado presente con sus obras prestando apoyo a las comunidades, de manera especial a las más vulnerables. El mensaje, deja en evidencia algunas de las problemáticas que están padeciendo las comunidades, tales como: recrudecimiento del conflicto armado, disputa territorial entre los diferentes grupos armados. Esto hechos, agregan, están llevando al reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales, amenazas a líderes y comunidades, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamientos y abusos sexuales. Afectaciones a la ‘Casa Común’ Así también, advierten que se han hecho las denuncias respectivas frente a las autoridades competentes, por el daño ambiental que se está causando a ríos, montañas y subsuelo, ante la explotación de minerales en los municipios de Jericó, sureste antioqueño; de San José de Uré y Montelíbano (Córdoba); y en Santa Cecilia (Chocó), límites con Risaralda. “Las afectaciones a la ‘Casa Común’, son de nuestra especial preocupación, tal como lo ha manifestado el Papa Francisco en las Encíclicas Laudato Si y en Fratelli Tutti”. Esto, registran, está llevando a un desplazamiento forzado, a una imposición de las economías ilegales y a la presencia de distintas estructuras armadas “sin que las Fuerzas Armadas y de Policía lo impidan”. Presencia de una Misión Humanitaria Ante este panorama sombrío, donde las comunidades claman una ayuda urgente, la Iglesia Católica y otros organismos trabajarán de la mano para llevar adelante una Misión Humanitaria, que iniciará en la región del Occidente Antioqueño, particularmente en los municipios de Dabeiba y Frontino. Esto, “como una posibilidad de escuchar, acompañar, brindar apoyo moral y solidaridad humanitaria ante esta crisis que padecen las comunidades”. “Para ello, solicitamos la presencia de diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas en Colombia”. Llamados de atención a los diferentes actores y sectores de la sociedad A este respecto, hacen un llamado en primera instancia al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los diferentes actores armados presentes en los territorios, a que se dé un respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario y cesen la siembra de minas antipersonal. A las autoridades colombianas les piden entre otras acciones, brindar la ayuda humanitaria requerida a las comunidades; trabajar en el desarrollo de desminado humanitario; suspender todo tipo de actividad minera a gran escala, hasta tanto no se haga un proceso de consulta previa a las comunidades; retomar con urgencia los diálogos con el “ELN” y acercamientos con otros actores armados; avanzar en acuerdos humanitarios locales, con el consentimiento de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de las regiones; y adelantar su labor constitucional de combatir y desmontar estructuras sucesoras del paramilitarismo en áreas de operación de la Fuerza Pública. A las autoridades departamentales y municipales, les solicitan ejercer efectivamente sus obligaciones constitucionales en lo referente a la coordinación institucional para atender de modo integral la crisis humanitaria y de derechos humanos que padecen las comunidades. A la Defensoría del Pueblo le exhortan a actualizar las alertas tempranas de la región y ejercer sus funciones constitucionales para garantizar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la atención humanitaria de las comunidades afectadas. Finalmente se dirigen a la Procuraduría General de la Nación, pidiéndole “romper su silencio frente a las actuaciones de los grupos armados y la posible responsabilidad por acción, omisión y aquiescencia de la Fuerza Pública en la situación que padecen las comunidades”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]