paro armado del eln

En medio del confinamiento y el temor que vive el departamento del Chocó con el nuevo paro armado impuesto por el ELN (el noveno en los últimos dos años), la Diócesis de Quibdó, a través de su obispo monseñor Wiston Mosquera Moreno, emitió un comunicado en el que rechaza esta situación, así como el recrudecimiento de la crisis humanitaria y social por los enfrentamientos entre grupos armados en la región. Además, exige garantías para las comunidades afectadas.En el texto, el Obispo de Quibdó expresa su "rotundo rechazo a toda acción de grupos armados que implique confinamiento, desplazamiento o cualquier afectación a la libertad de locomoción ciudadana", especialmente en un territorio donde la población ha sido "históricamente víctima del conflicto armado y en condiciones de vulnerabilidad".Monseñor Mosquera hace un llamado directo al ELN y al EGC para que "cesen ya la vulneración y agresión violenta contra las comunidades", subrayando que "es urgente parar esta estrategia de guerra dirigida a vulnerar los derechos de la gente". Asimismo, exige el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario para proteger la vida, la salud, la educación y la libre movilización de los civiles.Frente al Gobierno Nacional, el prelado demanda acciones concretas para "garantizar la seguridad y la paz de forma permanente" en el Chocó, mediante la protección ciudadana, la implementación del Acuerdo de Paz y la neutralización de los grupos ilegales. También insta a organismos internacionales a monitorear la situación de derechos humanos, especialmente de líderes sociales y defensores en riesgo.Finalmente, en el mensaje, el Obispo de Quibdó invita a la sociedad chocoana a no claudicar en la construcción de paz, siguiendo el llamado del Papa Francisco a promover "el diálogo y la amistad social".El pronunciamiento se da en un contexto de restricciones a la movilidad, cierre de comercios y suspensión de clases en varios municipios, como Riosucio y Carmen del Darién, donde el ELN ordenó a la población "no salir de sus casas" bajo amenazas, según reportes de Blu Radio. La medida ha generado desabastecimiento y ha limitado el acceso a servicios básicos en una región ya golpeada por la pobreza y el abandono estatal.

En medio de la grave situación humanitaria que padecen las comunidades de la subregión del San Juan (Chocó), y tras el anuncio de paro armado indefinido hecho en las últimas horas por la guerrilla del ELN, el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, hace un llamado urgente para que se extienda el cese al fuego y se alivie el temor, dolor y las necesidades que están viviendo estas poblaciones ribereñas.“Que lleguen a un acuerdo. Entiendo que hay ahora una discusión de carácter técnico y jurídico; que se pueda superar esa dificultad, de tal manera que nuestras comunidades sientan un alivio. Es urgente, es necesario que se prolongue el cese al fuego para que nuestras comunidades vayan sintiendo fortaleza en su caminar y se vislumbre que la paz está cerca”, expresa el prelado en el videomensaje.La Diócesis de Istmina-Tadó informó también que, entre los municipios más afectados, se encuentran Nóvita, Sipí y Medio San Juan; han evidenciado el desplazamiento desde comunidades como Brisas, Doidó, Chambacú, Torrá, Barranconcito y Charco Largo, hacia otras localidades como Negría, Noanama, Puerto Murillo y hacia las cabeceras municipales de Istmina y Medio San Juan. Las poblaciones de Torrá, Barranconcito y Charco Largo, también se encuentran confinadas.Además, desde esta jurisdicción eclesiástica se dio a conocer que las comunidades confinadas están requiriendo con urgencia elementos básicos como filtros purificadores de agua, ropa, aseo personal; también apoyo psicosocial y atención en salud ante muchos casos de niños, niñas y adultos mayores que se encuentran enfermos.Según ha informado la Defensoría del Pueblo, este paro armado del ELN tiene confi¡nadas alrededor de 45.000 personas en Chocó; de las cuales hay cerca de 7.500 tienen doble afectación, por cuenta del conflicto armado y de situaciones de emergencia ambiental.De manera particular, la Pastoral Social de la Diócesis de Istmina-Tadó, ha entregado esta relación de afectaciones de las comunidades de Sipí:Buenas Brisas: 41 familiasDesplazadas: 22Confinadas: 19San Agustín: 49 familiasDesplazadas: 1Confinadas: 48Chambacú: 30 familiasDesplazadas: 3010 familias en la comunidad de Negria y el resto en comunidades aledañas, como noanama, San Agustín y Buenas Brisas.En la sede de Acadesan están desplazados: 18 familias, de los cuales 50 son niños, 17 adultos y 1 lactante.La Iglesia hace presencia allí a través de sacerdotes, religiosas, así como de los miembros de la Comisión de Reconciliación, Paz y Desarrollo (REPAD), que tiene como misión velar por el acompañamiento y búsqueda de ayuda para las víctimas del conflicto.Vea el videomensaje a continuación:Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Conf. Episcopal de Colombia (@episcopadocol)