desplazamiento

Insistente llamado al Gobierno hace el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien asegura que el incremento de la violencia y el desplazamiento en esta región del país sigue creciendo. El prelado en diálogo con el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal, mostró una breve radiografía de lo que está sucediendo en esta región del país. Informó que el ELN reunió a la comunidad de la Vereda San Isidro y “les dijeron que era mejor que se fueran porque iba a ver muchos combates y que peligraban sus vidas, entonces la gente comenzó a salir”, por esta razón, y desde una semana antes del Domingo de Ramos han llegado al Coliseo Cubierto El Cristal de Buenaventura alrededor 200 personas desplazadas. A esta población que se encuentra en unas condiciones difíciles, la Pastoral Social de la Diócesis les ha venido ofreciendo alimentación y artículos de primera necesidad. Así también, está acompañando a los líderes, quienes reclaman la presencia del Estado. También aseguró que la Armada Nacional ha estado llegando hacia ese territorio, pero su presencia no es permanente, ellos solo van de paso. “Pero ellos dicen (habitantes) cuando está la Armada y se quedan no me pasa nada, pero cuando se van al otro día llegan los otros grupos a amenazar y a estigmatizar”. Agregó que en las comunidades del Bajo Calima la gente está cansada, viven en una zozobra y en un miedo permanente por los constantes enfrentamientos que se presentan. Pero también dijo que hay “otras veredas que se están viniendo hacia el casco urbano, hay veredas prácticamente vacías, que tenían 400 o 500 habitantes y ya no queda nadie, otros están allí confinados”. A esta problemática, expuso el obispo, se suma también toda la violencia urbana en Buenaventura, que se genera “por la disputa de territorios entre un grupo llamado los Chotas y otros los Espartanos, que son grupos delincuenciales locales, que cuidan el transporte de la cocaína, hacen extorsión, robos y amedrantan a la comunidad”. Agregó que “todos los productos de la canasta familiar ellos la manejan, cobran un impuesto, nadie puede vender, sino los que paguen el impuesto, el resto no pueden comercializar ningún tipo de productos de la canasta familiar. Ellos todo lo dominan en la ciudad y lo que sale de la ciudad también para la zona rural”. Se requiere la presencia del Estado Frente a este difícil panorama monseñor Jaramillo Montoya reclamó la presencia del Estado, “no puede ser que estos territorios estén solamente al margen de todo el orden nacional y que la autoridad allá la ejerzan solamente los grupos al margen de la ley”. “Necesitamos una presencia del Estado. Primero, del Ejército Nacional, los necesitamos allá, que estén permanentemente en ese lugar; segundo, que junto con la fuerza pública llegue la inversión social, llegue el desarrollo, que mejoremos las escuelas, que haya mejor transporte, que haya ayuda a los campesinos que siembran arroz, siembran cacao y siembran otro tipo de cultivos lícitos, que se le apoye a ellos. Los narcotraficantes sí están apoyando con semilla, con asistencia técnica, con economía a los campesinos para que siembren la coca, no es justo que los narcotraficantes hagan ese papel también hecho y el Gobierno no lo esté haciendo en esos territorios”, concluyó el jerarca.

Conocidas las noticias de las confrontaciones armadas entre grupos insurgentes presentes en la región de Arauca, el obispo de esta Jurisdicción, monseñor Jaime Abril González, en un comunicado manifestó su preocupación ante estos hechos que agudizan la crisis humanitaria y social que por décadas allí se ha vivido. Lamentó que una vez más sea la población civil la que salga afectada, por lo que expresó su cercanía y solidaridad con ellos. Además, exigió a quienes generan esta violencia dejar por fuera de estas confrontaciones y hostilidades a las comunidades. Hizo un llamado a "serenar los espíritus, «pensar con cabeza fría», mirar el bien común y no dejarse llevar por un torbellino de violencia que nunca se sabe qué más consecuencias pueda generar". Igualmente, exhortó al diálogo como camino para superar las diferencias "poniendo como base fundamental la verdad y claridad de los hechos". El prelado pidió a las autorizadades se verifiquen los hechos de lo sucedido y se haga lo necesario para proteger la vida e integridad de la población civil donde se están generando estos enfrentamientos. Así como también, les solicitó se establezcan planes de contingencia y ayuda humanitaria donde sean necesarios. A la Comunidad Internacional presente en estos territorios les pide brindar el acompañamiento nesesario a la población civil y a sus estructuras organizativas. El obispo recordó que la Iglesia Católica en Arauca, "fiel a sus principios evangélicos, estará siempre dispuesta a colaborar en todo lo que corresponda y sea necesario, con el fin de aportar lo mejor a la superación de los graves hechos actuales y, en general, a la reconciliación y la paz". Contexto de la noticia El Eln y las disidencias de las Farc siguen disputándose el territorio fronterizo con Venezuela, a pesar de la presencia de la población civil en Tame, Fortul y Saravena. De acuerdo con Etelivar Torres, alcalde de Arauquita, la información que se maneja en el departamento es de alrededor de 17 muertos. Igualmente, según informó el personero de Tame, Juan Carlos Villate, se requiere con urgencia la creación de corredores humanitarios seguros para que la población civil salga de los territorios. Se necesita, además, albergue para más de 2.000 personas que buscan escapar de los enfrentamientos. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar convocatoria[/icon] Presidente del episcopado expresó su cercanía con la población de Arauca Por su parte, monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, lamentó que a tan solo unos días de haber iniciado el 2022, los grupos armados ilegales sigan atentando contra la vida de las personas. El prelado expresó su voz de cercanía con la Iglesia y los habitantes de esta región del país. Así también, extiendió su oración por las víctimas que dejan los enfrentamientos y pidió por la paz en estos territorios. Mons. Jaime Abril González, Obispo de Arauca

La Iglesia Católica celebra el 28 de diciembre la fiesta de los Santos Mártires Inocentes, aquel grupo de niños que murió sin culpa a manos del Rey Herodes quien buscaba matar al Niño Jesús. En este contexto, el padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento de Doctrina y Promoción de la Unidad y el Diálogo (PUD), nos recuerda que esta fecha es utilizada por muchas personas para hacer bromas, contrario a ello, anima a incentivar acciones concretas en favor de la niñez. En un mensaje dedicado a reflexionar sobre esta celebración el sacerdote apunta que hoy día los “nuevos Mártires Inocentes sufren maltrato o muerte a causa del hambre, la violencia social e intrafamiliar, el desplazamiento, los abusos, el aborto, etc., flagelos que el cristiano está llamado a derrotar”. Así también, anima para que al interior de las familias se viva un ambiente como el vivido por la familia de Nazaret, espacios cálidos, donde prime el diálogo y la armonía. Al respecto, finaliza su intervención planteando un interrogante: ¿Qué estamos haciendo para que nuestro hogar sea un ambiente de afecto sincero y de paz?

Tras haber finalizado la Caravana Humanitaria por la Vida y por la Paz en los territorios del río San Juan, en el departamento de Chocó, sus participantes presentaron este 20 de septiembre, un comunicado como conclusión del recorrido, en el que a partir del diálogo con las comunidades ribereñas constatan el agravamiento de la crisis humanitaria en la región debido a la presencia de actores armados, militarización, violaciones de derechos humanos y el abandono por parte del Estado colombiano. "A lo largo de la Caravana pudimos escuchar la voz de decenas de personas que, a pesar y por encima del miedo, expresaron el pensar y sentir de las comunidades, poniendo rostro y palabras a la crisis humanitaria que padecen los pueblos étnicos y la población mestiza del río San Juan. En medio de la descripción desgarradora de los impactos de la guerra, pudimos observar también la fuerza, la resistencia, la dignidad, el arte y la cultura de pueblos que no están dispuestos a rendirse, que no quieren abandonar ni entregar su territorio". "Queremos manifestar nuestra profunda tristeza y decepción por la casi total ausencia del Estado y la presencia, esporádica y con poco compromiso y abultada en promesas, del Gobierno en las distintas dependencias de los entes municipales, departamentales y nacionales que deben velar por la vida, la salud, la educación, la recreación, el deporte, la agricultura, etc", señala la misiva. Hallazgos más importantes de la Caravana A partir de cinco puntos, los asistentes a la Caravana describen en el comunicado los hallazgos encontrados durante su recorrido por la rivera. Entre ellos están: El desplazamiento forzado y el confinamiento; el subregistro del desplazamiento forzado y el confinamiento, hecho que deriva en una precaria atención al derecho fundamental que tienen las personas en esta condición; a pesar de las promesas hechas en la prevención de riesgo hacia la población. Solo se ha incrementado el pie de fuerza militar, no siendo esta la solución; pues continua, por parte de los actores armados, la violación de los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario; y la violación masiva y sistemática a los derechos humanos e intereses económicos que conducen cada vez más y de una forma acelerada a la extinción física y cultural de las comunidades, en lo que ellos han denominado "etnocidio en curso". Llamado urgente a proteger y restablecer los derechos de las comunidades Así también, en 10 ítems, hacen un llamado urgente para que cuanto antes se implementen acciones que permitan proteger y restablecer plenamente los derechos de las comunidades negras e indígenas, así como de la población mestiza que habita en el río San Juan, al noroeste de Colombia. Entre las peticiones se encuentran: Un llamado al Gobierno Nacional, para que a través de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas UARIV, se garantice el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas forzadamente y confinadas; articulación entre las entidades competentes para que se tomen acciones para la toma de las declaraciones de desplazamiento, individual y masivo, y de confinamiento; cumplimiento en la implementación plena y adecuada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; presencia y acompañamiento directo en el territorio por parte de organismos internacionales de carácter humanitario; visibilización e incidencia por parte de entes internacionales y de derechos humanos, para la garantía efectiva de los derechos de las comunidades; y cese de acciones militares por parte de todos los actores del conflicto armado. Compromisos asumidos para el acompañamiento a las comunidades Por su parte la Diócesis de Istmina - Tadó, a través de su Plan de Acción Pastoral LA CHAMPA MISIONERA, reitera su compromiso de seguir apoyando y acompañando todas las iniciativas encaminadas al fortalecimiento organizativo de sus entidades, diseñando e implementando Planes de Vida y de Etnodesarrollo. Así también, desde la Provincia Eclesiástica de Santafé de Antioquia y de la Región del Pacífico Colombiano, seguirán atentos para "ir acompañando e iluminando las organizaciones sociales, visibilizando e incidiendo en aras de un mayor cuidado y respeto por la vida, el desarrollo humano integral y el acatamiento de lo establecido para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario". La Caravana humanitaria por la Vida y por la Paz, que se cumplió del 11 al 15 de octubre, concluyó con la socialización del Pacto por la Vida y la Paz, desde el Pacífico y el Suroccidente para toda Colombia, que se firmó el pasado 10 de septiembre de 2020 a nivel nacional y que ahora es suscrito para estos territorios. Instituciones presentes durante la Caravana: 1. Diócesis de Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó. 2. Hermana Lauritas 3. ACADESAN: Consejo Comunitario Mayor del Río San Juan 4. COCOMIMSA: Consejo Comunitario Mayor de Istmina 5. CIVP: Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico 6. CRPC: Coordinación Regional del Pacífico Colombiano 7. OCHA: De la ONU 8. MAPP-OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA 9. PODIUM 10. CODHES 11. Fundación Universitaria Católica de Cali Lumen Gentium 12. FLM: Federación Luterana Mundial 13. Iglesia Menonita 14. CIEDERPAZ: Corporación Interétnica y Ecuménica por la Reconciliación y la paz. 15. FISC: Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó 16. Mesa Indígena Departamental. 17. WOUNDEKO 19. Entre otros… [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Ante la difícil situación que afrontan los habitantes del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, la Iglesia Católica en Popayán hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad a las personas desplazadas y se les brinde una solución que les permita regresar a sus hogares. "Pedimos a las diferentes autoridades, cuya misión es proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, garantizarle a todas las personas que puedan continuar morando pacíficamente y sin ningún peligro donde, con sacrificio han logrado adquirir una residencia y un patrimonio". En un comunicado el arzobispo de la ciudad, Omar Alberto Sánchez, manifiesta su solidaridad por el sufrimiento de los habitantes de varias veredas que, por los combates entre disidencias de las Farc y el ELN han tenido que salir de sus tierras. Del mismo modo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales que están generando los desplazamientos en estos territorios, para que cesen con las acciones violentas que afectan a la población civil. "Hacemos un llamado enérgico y apremiante, a los grupos causantes y promotores de tal desplazamiento para que cesen en esta clase de enfrentamientos que injusta y arbitrariamente ocasionan tanto sufrimiento inhumano a personas, familias y comunidades, que tienen el legítimo derecho de morar pacíficamente donde con esfuerzo han logrado establecerse". Según un reporte oficial de las autoridades, son más de 600 las personas que han salido desplazadas y se encuentran concentradas en el casco urbano de Argelia y de los corregimientos de El Plateado, El Mango y Sinaí. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Desde el pasado martes 5 y hasta el 10 de octubre, como ya se había anunciado, se está adelantando la misión humanitaria por las comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas sobre las cuencas de los ríos Bojayá. Esta gestión, según lo ha manifestado monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, obedece a un plan sistemático de visitas que se han programado a algunos municipios del departamento del Chocó. El reclutamiento forzado, la soberanía alimentaria, la desnutrición infantil, la falta de oportunidades para la población, son entre otros, los problemas que tienen que afrontar a diario los indígenas y afros en esta región del país. En este contexto, el obispo en un mensaje ha resaltado que el objetivo de esta misión es “acompañar a las comunidades afectadas por el abandono estatal y el conflicto armado, visibilizar su situación y realizar una agenda de incidencia con miras a la solución de sus problemáticas”, así lo registró el obispo en un mensaje enviado a los medios. De otra parte, del 5 al 7 octubre, se llevará a cabo una reunión entre representantes de las comunidades de Bojayá, con Organizaciones Etnicoterritoriales del San Juan y el Baudó, con las Diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, la Pastoral Social Nacional, la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Embajadores de varios países, la Coordinación Regional del Pacífico, la Federación Luterana Mundial, Swefor, la Cocomacia, la Mesa Departamental Indígena, el Foro Interétnico, así como también están invitados la Gobernación, los Alcaldes, Personeros y Presidentes de Consejos municipales de Bojayá y Vigía del Fuerte. Los promotores de esta iniciativa han informado que serán más de cincuenta personas las que estarán distribuidas por sectores, visitando las poblaciones de los ríos: Bojayá, Cuia, Napipí, Opogadó, Murrí y Buchadó, con el fin de escuchar y llevar ayudas a estas comunidades, que por años ha venido sufriendo el flagelo del abandono. Por último, el obispo de Quibdó pide la oración y la solidaridad de los colombianos en miras a lograr que esta misión deje los frutos esperados en beneficio de la población.

Tras el enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Eln, las comunidades cercanas al río San Juan de Istmina, en el departamento del Chocó, sufren el desplazamiento forzado y un confinamiento obligatorio, así lo denunció la Diócesis de Buenaventura a través de un comunicado. El mensaje firmado por el obispo de la Diócesis de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, llama la atención de las autoridades responsables de mantener el órden público, para que se hagan presentes en los territorios del Litoral del San Juan, Medio San Juan de Istmina, lugares donde se desarrollan desde el pasado 16 de agosto fuertes combates entre estos grupos al margen de la ley. En este contexto, el obispo hace un llamado al Gobierno Nacional a “hacer presencia efectiva en estos territorios, donde los actores quieren invisibilizar la presencia de quienes históricamente hacemos presencia en estas tierras”. Así también, invita a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a “verificar las denuncias y elevar los informes pertinentes a la comisión interamericana de derechos humanos, y lograr los apoyos que demanda la comunidad en estos casos”. Finalmente, exhorta a la Iglesia del pacífico para que se manifiesten de manera conjunta, a través de un comunicado, donde se propongan “desarrollar acciones al interior de los territorios en pro de estos hermanos que ven vulnerados su derecho a una vida digna y en paz en los territorios” Población afectada Según los datos registrados por la Diócesis, son aproximadamente 66 familias (167 personas), ubicadas en la comunidad de Isla de La Cruz. 474 familias (1.083 personas), ubicadas en la comunidad San Miguel. Adicional en la comunidad de Dipurdú, se encuentran un número de 100 familias (300 personas) en situación de confinamiento. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

En el sur de Bolívar, el incremento de asesinatos y desplazamiento forzado por causa de los actores armados, ha llamado la atención de la Iglesia Católica, quien a través de un comunicado firmado por el obispo de la Diócesis de Magangué, Ariel Lascarro Tapia, pide a las distintas instancias gubernamentales hacer presencia y atender esta emergencia humanitaria que viven las comunidades en esta región del país. “El obispo, su presbiterio y los fieles laicos, alzamos nuestra voz ante la compleja situación que se vive hoy en el cono sur de este departamento. Este territorio, azotado por el conflicto armado durante más de 50 años, hoy se siente nuevamente amenazado por los enfrentamientos entre los grupos armados presentes en esta zona, por la búsqueda del poder y el dominio de este territorio”. De acuerdo con datos registrados por la Cruz Roja Internacional, ya son más de 2.600 personas que componen 580 familias, las que han llegado al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur, huyendo por las amenazas y enfrentamientos que se dan entre los grupos ilegales que se disputan los negocios de minería ilegal y narcotráfico en la serranía de San Lucas, Bolívar. En este contexto, el obispo hace un llamado al Gobierno Nacional y a los entes gubernamentales para que pongan su mirada en estos territorios y, observa que las comunidades reclaman una ayuda humanitaria que sea más eficaz y constante. Igualmente, demanda del gobierno las garantías necesarias para que las comunidades puedan retornar a sus territorios y continuar su vida normal y sin miedos. En su mensaje, asegura que la Iglesia Católica seguirá acompañando a las comunidades afectadas por la violencia y las anima a “no abandonar sus territorios y a perseverar en la reivindicación de los derechos que les reconoce la Constitución Nacional”. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]