sociedad

Por Monseñor Juan Carlos Ramírez - El título de este escrito es correctamente inferido pero su conclusión se distancia de la verdad porque una de sus premisas es falsa. En el mundo helenístico esta manera de razonar usaba las figuras del silogismo y era propio de los sofistas, que por medio de la exposición de premisas falsas o verdaderas, y conclusiones que no se adecuan a las mismas, buscaban defender algo y confundir al contrario. Hoy, en tiempos de híper modernidad, caracterizado por lo efímero y lo frívolo, con una cultura urbana consumista como estrado de la “Era del vacío”, -según la reflexión del filósofo francés, Gilles Lipovetsky-, los sofistas y sofismas florecen y reverdecen en la destrucción de sistemas referenciales, en la construcción de ambiguas antropologías que llevan a nuevas éticas y conviene identificar en la realidad, quién asume el rol de sofista y cuál es el sofisma en los llamados “lineamientos para la revisión y actualización de los manuales de convivencia” que deben ser revisados en las instituciones educativas, públicas y privadas del País. En una sociedad cambiante, con nuevos retos, es acertada y oportuna la Sentencia de la Corte Constitucional T-478 de 2015 que en la parte resolutiva le indica al Ministerio de Educación “ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los comités escolares de convivencia” y que sus contenidos “…sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar…que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica…”. Lo anterior es lo que las instituciones educativas vienen realizando, es su visión y misión y tienen la disposición interna y el conocimiento científico y técnico para fortalecer sus manuales. El sofisma está en hacerle creer al país que para educar en la “no discriminación y respeto a las diferencias” debemos enseñarle a los dicentes que no se nace siendo hombre o mujer sino que eso depende de una construcción cultural, más aún, se quiere eliminar la idea de que los seres humanos se dividen en dos sexos. Porque no pensar que si clamamos por el respeto a las diferencias, el crecer, formarse y asumir esos valores es en el reconocimiento de mi identidad natural y que en la medida en que reconozco mi ser natural puedo valorar y entender al otro que me interpela y fortalece mi propia identidad y me habilita para respetar la opción de vida de los demás. El anterior sofisma busca arrasar la identidad de la persona humana, a tal extremo de afirmar que las diferencias entre el hombre y la mujer, “más allá de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son producto de la cultura de un país o de una determinada época…”. Otro sofisma, es decir que la construcción de los “manuales de convivencia” es del resorte de cada institución educativa y que los cuestionados “lineamientos” son orientativos y simplemente para directivos y docentes; se desconoce que la educación es un proceso, que si se convoca a capacitación a las directivas y educadores el fruto de esas capacitaciones tienen como destinatario final al educando, o “¿quién hace mercado y lo lleva a la casa del vecino?. En síntesis: Las instituciones no se oponen a implementar en sus manuales de convivencia los valores necesarios para formar en el respeto a las diferencias, a una convivencia pacífica, a la no discriminación, no se trata de perseguir personas; pero el Ministerio de Educación no puede “manosear” la autonomía escolar que gravita en la Constitución y la ley y desconocer el derecho natural y positivo que tienen las familias de acompañar la formación integral de los hijos. Adenda: 1.- ¿Qué hay detrás de esos lineamientos de revisión y actualización de los “manuales de convivencia?. ¿Intereses políticos, económicos, políticas internacionales que condicionan procesos internos del país, el deseo de implantar una ideología que promueve una desconstrucción antropológica e impone una ideología cerrada al diálogo? El momento actual exige oración, reflexión, respeto profundo por las personas, pero libertad para confrontar las ideas. A este vestido, le falta tela. Monseñor Juan Carlos Ramírez Director Financiero y ecónomo Conferencia Episcopal de Colombia

En el lanzamiento del primer ciclo de diálogos territoriales con la sociedad y la institucionalidad colombiana realizado en Tunja, el arzobispo de esta ciudad y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga manifestó que para lograr la paz en nuestro país se debe iniciar desde la perspectiva de las regiones. “la Iglesia tiene que estar muy presente en lo que es el post-acuerdo porque se trata de construir una casa nueva, por ejemplo, en Colombia para que se dé realmente la paz hay que mirarla desde la perspectiva regional y el Ejército conoce mucho las regiones y puede ayudar a construir esta paz del futuro”, puntualizó el arzobispo. Se refirió, además, a los acuerdos de paz y señaló que estos deben ser políticos no jurídicos. “Yo no entiendo porque meten a la constitución en estas cosas, la constitución no puede cambiar al ritmo de los vientos pasajeros, es que la guía más grande que tiene un país, no se puede manosear de ninguna manera”. El prelado, también aseguró que “se puede lograr la paz con acuerdos grandes, de política alta, noble, no con politiquería. Así se consolida la paz, una paz sólida y dentro de ella también tendrá que comenzar todo lo que tiene que ver con la justicia transicional relacionada con el ejército, eso no tiene absolutamente nada que ver con La Habana, es algo totalmente diferente, pero como el ejército también participó en el conflicto, sufrió, se sacrificó y cometió errores, como todo el mundo comete errores, pues tienen que pensar en tener las mismas oportunidades de defenderse y de ser incluido en el marco de la justicia transicional”, reiteró el arzobispo de Tunja. El “Ciclo de Diálogos Territoriales con la Sociedad y la Institucionalidad”, fue promovido por el Ejército Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y la Universidad Nacional y su primer encuentro tuvo lugar el pasado 14 de junio en la ciudad de Tunja. Foto:Rodolfo González-OPGB

Por:Mons. Juan Carlos Ramírez Rojas -La finalidad de un ordenamiento jurídico, como conjunto de leyes positivas que regulanlas relaciones intersubjetivas, es el bien común, como la suma de circunstancias y decondiciones en las que los individuos y los grupos están en grado de conseguir lasfinalidades esenciales de su propia naturaleza.La preeminencia de la persona humana,tanto individual como asociada, permite comprender que cualquier ordenamiento jurídicoestá en función de ella, en cuanto que reconoce y tutela, de modo concreto y objetivo, sus derechos subjetivos. Todo ordenamiento jurídico, para ser considerado tal, debe fundarse sobre unacomprensión de la necesidad de tutelar la dignidad del hombre. El derecho positivo y objetivo es, entonces, el conjunto de las normas positivas que tutelan los derechos subjetivos de la persona humana, entre los cuales el primero y fundamentalísimo es el derecho a la existencia y a una existencia digna del hombre. Tal derecho siempre permanece, incluso si el sujeto no tuviera la capacidad de realizarse autónomamente. De este modo, una función fundamental del derecho positivo es la de proteger al débil frente al fuerte. Precisamente por esto el derecho positivo debe ser portador de valores materiales fundamentales. Esta realidad es la que se desvanece en la sentencia por la cual se manosea el concepto de familia para convertir en derecho el deseo de un grupo social. Se percibe el humus de querer construir normatividad desconociendo la ley natural; parece que en las ideologías dominantes el concepto de ley natural es incomprensible y se considera que el ser humano en su naturaleza misma carece de una luz moral y han empezado a ponerle luces intermitentes creando un sentido de desorientación que hace precarias e inciertas las opciones de vida de cada día. La ley natural es la fuente de donde brotan, justamente los derechos fundamentales, también imperativos éticos que es preciso cumplir. Cuando esto no se da, la consecuencia es una legislación que se convierte en un compromiso entre intereses diversos y el país sufre la fuerza perversa de transformar en derechos intereses diversos: se trata de transformar en derechos intereses privados o deseos que chocan con los deberes derivados de la responsabilidad. Afirmaba el Papa Benedicto XVI “todo ordenamiento jurídico, tanto a nivel interno como a nivel internacional, encuentra su legitimidad, en su arraigo a la ley natural, en el mensaje inscrito en el mismo ser humano”. La ley natural es, el único baluarte válido contra la arbitrariedad del poder o los engaños de la manipulación ideológica. Lo que ha sucedido en el país deja a la sociedad dramáticamente herida en lo que constituye su fundamento esencial “que cada niño tiene derecho a una familia constituida por un papá y una mamá”. Olvidar los elementos éticos de la naturaleza misma de la familia es debilitarla, se perjudica a los hijos y hace precario el futuro de la sociedad misma. Los valores que brotan de la ley natural expresan normas que son inderogables y obligatorias, que no dependen de la voluntad del legislador y tampoco del consenso que los grupos sociales pueden darles, pues son normas anteriores a cualquier ley humana y, como tales, no admiten intervenciones de nadie para derogarlas. La ley natural fue la gran ausente en la tan “celebrada” sentencia. Mons. Juan Carlos Ramírez Rojas Ecónomo-Director Financiero CEC