Conflicto armado

La imagen aérea de cientos de personas formando con sus cuerpos o con velas un gigantesco “SOS Cauca” captada el pasado 7 de diciembre, se repitió en 20 municipios del Cauca y trascendió el instante para convertirse en un símbolo perdurable de resistencia pacífica acompañado por la Iglesia.Esta poderosa fotografía surge en un contexto donde la tecnología aérea ha adquirido, para las comunidades del departamento, un significado opuesto y aterrador: el vuelo de drones adaptados para la guerra se ha convertido en un signo “dolorosamente habitual” de zozobra. Mientras que para los grupos armados estos aparatos son una nueva arma de guerra, en esta oportunidad, para la sociedad civil, se convirtieron, en la herramienta ideal para proyectar al mundo un grito comunitario de auxilio y esperanza.Un grito colectivo nacido del dolor y la urgencia pastoralFue un grito que nació de la complejidad del dolor, como lo explica el principal impulsor de la jornada, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán:“SOS Cauca es una iniciativa que nace de la complejidad del conflicto armado en este territorio que ha escalado el último mes y en este último semestre de manera significativa, con muchas afectaciones humanitarias en los cascos urbanos. La irrupción de los grupos ha dejado muchas ruinas, muchos lesionados y gran dolor y miedo en las poblaciones”.Esta escalada incluye una transformación tecnológica del conflicto, con un aumento dramático de ataques con drones que solo en 2025 superan los 180 incidentes, siendo el Cauca el epicentro de esta nueva modalidad de violencia, así lo señala el diario El País, a partir de información proporcionada por Ejército Nacional de Colombia.Ante esta realidad, el llamado de la Iglesia fue a la unidad más amplia:“Juntando voluntades con muchas manos, tomamos la decisión...El movimiento social, la organización indígena, los alcaldes y sus administraciones, la cooperación internacional... Nos sumamos para poder hacer esta expresión simbólica, pacífica”.El balance de una jornada histórica: una huella de responsabilidad compartidaPara el Arzobispo de Popayán, el balance de esta movilización histórica es esperanzador y marca un camino:“Logramos de esos 42 municipios que tiene el Cauca juntar 20 acciones en los municipios y territorios donde mayor afectación ha tenido esta guerra...Dejamos esta huella de urgencia para que todos nos hagamos responsables de la suerte del Cauca”.Esta urgencia se ve reflejada en los ataques continuos, incluso después del 7 de diciembre, como el ocurrido el sábado 13, donde drones fueron utilizados para atacar estaciones de policía en El Patía (Piedra Sentada y El Bordo), dejando un uniformado herido y a la población civil en medio del fuego cruzado.Reafirmando el compromiso pastoral, monseñor Sánchez Cubillos concluyó:“Como Iglesia Católica tenemos un papel que desarrollamos en el día a día...en una tarea que promueva salidas de diálogo negociadas...El Cauca sigue activo y seguirá mostrando rutas de esperanza”.La respuesta de las comunidades: unidad y exigencia de un futuro en pazEsta potente convocatoria encontró eco inmediato en la unidad de las comunidades. César Cerón, Alcalde de Suárez, municipio que también ha sido escenario de letales, manifestó la emoción de un pueblo unido: “Estamos muy emocionados porque la comunidad del municipio de Suárez se ha unido alrededor de mandar un mensaje de llamado de auxilio al Gobierno Nacional...Exigimos la tranquilidad para Suárez, queremos vivir tranquilos, que nos saquen de ese conflicto, que no nos pertenece”.Un clamor que es sostenido con particular fortaleza por las mujeres, como lo expresa Gloria Cecilia Álvarez, Defensora de Derechos Humanos:“Las mujeres en el departamento del Cauca hacemos un aporte muy importante en la construcción de la paz...A pesar del miedo, a pesar de las limitaciones...Siguen construyendo paz desde el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la familia”.El legado de la luz: de la tradición religiosa a la conciencia ciudadanaLa elección estratégica del 7 de diciembre, Día de las Velitas, dotó a la movilización de una potencia simbólica extraordinaria, transformando una tradición religiosa íntima en un grito público por la paz. El verdadero legado, como reflexionó Angélica Fernández, una de las participantes, es la conciencia que perdura:“Considero que ese tipo de encuentros nos invitan a promover diariamente la paz, a ser conscientes de que podemos cada uno de nosotros, desde nuestro diario vivir, construir la paz...Cada uno de nosotros puede encender también una vela hoy, pero también el alma para continuar en la búsqueda de la paz”.Así, el “Día Blanco por la Paz” del Cauca demostró que la respuesta más contundente a una violencia que se tecnifica y se recrudece es la unidad organizada y esperanzadora. La imagen del SOS iluminado, captada desde el cielo, que también es campo de batalla, se erige como un faro que guía el compromiso continuo de una sociedad que, frente al zumbido de la guerra, elige alzar la luz de la fe y la unión para construir un futuro en paz.Vea el informe audiovisual a continuación:

En un comunicado enviado por la Iglesia católica y organizaciones étnico-territoriales y sociales que velan por la paz y los derechos humanos en varios departamentos del país, rechazan el paro armado impuesto por las autodenominadas AGC, e insisten en que se debe “promover el diálogo y la amistad social”. “La situación que el Chocó comparte con las comunidades de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y Santander, nos permite constatar una vez más cómo es la población civil la que sufre las consecuencias de esta guerra demencial que estamos padeciendo en Colombia”. Por esta razón exigen a los actores armados el respeto a las normas del DIH, “de modo que cesen inmediatamente las acciones violentas contra la sociedad civil”. También solicitan al Gobierno garantizar la seguridad y la paz de forma permanente para los ciudadanos de los departamentos del Chocó, de Antioquia y de todo el territorio nacional. La opción es la solución negociada Las organizaciones consideran que ante las actuales circunstancias del control territorial y social que se da por parte del Clan del Golfo y el ELN, se hace necesario “abordar de nuevo la opción de la solución negociada al conflicto armado”. “Esperamos que, tanto la Institucionalidad como los actores armados ilegales, escuchen el clamor del pueblo colombiano y den signos de construcción de paz a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”. Finalmente, expresan sus condolencias y solidaridad a los familiares de todas “las víctimas mortales de esta desafortunada coyuntura, que ha afectado tanto a miembros de la Fuerza Pública como a integrantes de la sociedad civil en diversos municipios del país”. Suscriben este comunicado: Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó, Coordinación Regional del Pacífico, Diócesis de Istmina – Tadó, Diócesis de Apartadó y Diócesis de Quibdó. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

En una entrevista publicada en el Diario El Tiempo, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, actual encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano; además representante de la Conferencia Episcopal (CEC) ante el Consejo Nacional de Paz, habló sobre sus proyectos luego de dejar la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social, cargo que ocupó por más de 25 años y se refirió también a la agenda de paz en Colombia, permeada por un proceso electoral en camino. LEA LA ENTREVISTA COMPLETA "Estamos en ronda con los candidatos" Encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano; representante, además, de la Conferencia Episcopal (CEC) ante el Consejo Nacional de Paz, monseñor Héctor Fabio Henao no descansa. Y esto, a pesar de haber dejado recientemente la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social, un cargo que desempeñó por más de 25 años. Por estos días, sus horas se pasan entre viajes a diversas regiones del país y entre reuniones con candidatos a la Presidencia, para alertar al próximo presidente de la República sobre las graves emergencias humanitarias que deberá enfrentar. Desde que usted asumió la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social hasta ahora, que entrega el cargo a otra persona, ¿cómo se ha transformado la posición de la CEC frente al conflicto armado? La CEC ha ido profundizando un relacionamiento mucho más cercano frente a la problemática humanitaria de violación de derechos humanos (DDHH). En 1996, cuando yo recibí el Secretariado, estábamos comenzando a tener una percepción diferente. En esa época publicamos el primer informe sobre desplazamiento forzado en el país. Fue la CEC la primera institución que habló sobre el tema y ese informe nos llevó a buscar que se creara una ley y, después, a tener un trabajo muy intenso frente a la Corte Constitucional. Haber entrado a profundizar el asunto y haberlo identificado como una violación masiva de DDHH nos ayudó a tener una ruta mucho más definida frente a cómo posicionarnos de cara a la situación. Después hemos entrado en contacto con otras realidades, pero la dureza del conflicto, la forma tan abierta como actuaron actores claramente enfocándose contra poblaciones indefensas y vulnerables, y la manera como, solamente por intereses económicos y por control territorial, fueron atacadas poblaciones que habían sido muy distantes del conflicto armado, obligaron también a la CEC a ir teniendo posiciones mucho más precisas, en términos de violación a los DDHH. En ese sentido, hoy se tiene una perspectiva mucho más enfocada hacia esas realidades. ¿Cuál será su nuevo rol dentro de la CEC? En este momento estoy trabajando en las relaciones Iglesia-Estado. De hecho, un primer paso que se está dando es el de dialogar con los candidatos a la Presidencia de la República. Vemos como una urgencia definir claramente cómo podemos seguir esta interlocución. La Iglesia tiene que ayudar a que todos estos clamores que vienen desde el territorio con los sufrimientos de la gente puedan ser objeto de discusión, de análisis y de toma de decisiones, de manera muy propositiva. Además, yo soy el representante de la CEC en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, un mecanismo muy pluralista de participación, en el que está representada la sociedad colombiana con sus distintos actores. Es parte de esta función y en calidad de tal he estado acompañando a los consejos territoriales. La idea es seguir fortaleciendo ese vínculo y perfeccionando esos mecanismos de diálogo. Hablemos sobre la agudización del desplazamiento forzado El desplazamiento había bajado en intensidad, ha tenido unos grandes picos, pero ahora vuelve otra vez a ser muy preocupante. Está subiendo y tiene que ver, en parte, con la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico; pero también, en muchos casos, con la necesidad de acallar poblaciones que podrían trasmitir información a organismos internacionales y a las mismas autoridades sobre las difíciles situaciones en las que viven. El confinamiento también es una realidad en Colombia. Hay poblaciones que no pueden, ni siquiera, desplazarse por la presencia de actores armados ilegales. Un fenómeno muy complejo. Nosotros esperamos que el país encuentre los caminos para prevenirlo. Hay que mantener la atención sobre las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo; mantener mecanismos de prevención muy ágiles, de respuesta rápida frente a esos llamados, porque, indudablemente, la realidad de desplazamiento es muy grave hoy. Recientemente usted viajó a Arauca, invitado por los principales representantes de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Qué está pasando en dicho departamento? De los asesinatos de este año, un número muy importante, la mayor parte han sido en Saravena. Por eso fuimos allí. En Arauca nos hablaron de grupos que se han confinado por miedo a la situación, entre ellos los excombatientes. Nos hablaron también sobre más de tres mil personas desplazadas. Una situación muy difícil, porque hay quienes han salido huyendo pero no aparecen registrados como desplazados. Muchos están en Bogotá y en otras ciudades, dispersos por el país. La región vive una situación muy compleja. Ha habido una alerta de las organizaciones de la sociedad civil, buscando protección y apoyo; un clamor muy fuerte por mecanismos efectivos de protección a la población y por que se dé respuesta a la situación de amenazas. ¿Qué opina de la reacción del Gobierno frente esta clase de problemáticas? En primer lugar, hay un legado importante que tiene que ver con el estatuto temporal para migrantes venezolanos. Una respuesta importante para dicha población, que ha ayudado a estabilizar la situación de gente que estaba en condiciones muy dramáticas. Sobre temas relacionados con seguridad en el país hay muchas complejidades, pero en el caso de Arauca en concreto hay un desafío enorme en cuanto a la protección de la población civil y una urgencia de que se revise la política de seguridad. Prima mucho la incertidumbre. Hay un temor permanente. Miedo fue una palabra que escuché muchas veces; también, estigmatización. Vámonos a otra región. Los obispos de Chocó y otros líderes sociales y religiosos ratifican sus denuncias sobre alianzas paramilitares en esta parte del país entre sectores de la fuerza pública y el Clan del Golfo. Incluso, piden una reunión con el presidente Duque. Yo fui con el presidente de la CEC y con otros obispos a Quibdó. Allí monseñor Rueda fijó una posición muy clara, diciendo que esto no puede ser tomado a la ligera. Se está trasmitiendo una realidad que no puede ocultarse y es que en estas zonas del país están pasando situaciones muy graves. Según la CEC, estas regiones requieren una atención especial y un plan urgente. Esto se le informó al Papa y la situación muy grave de las regiones se está hablando también con los candidatos a la presidencia en estos días que estamos en la ronda, planteando lo que la Iglesia desde las regiones nos está diciendo. Estamos trasladándoles eso a los candidatos para decir: por favor, tengan en cuenta en sus agendas la situación de las regiones más empobrecidas y más golpeadas por la violencia. Chocó y el occidente antioqueño son, a la vez, regiones codiciadas por grandes compañías. Varias zonas sembradas con minas antipersonales corresponden a áreas con títulos mineros. Las grandes empresas, cuando entran a territorios donde ha habido un control de actores armados, tienen un desafío muy grande: cuál mecanismo de seguridad van a implementar. Eso lo hemos vivido de lado y lado. También hay reclamos desde múltiples ángulos sobre actividades económicas protegidas por sectores de grupos organizados al margen de la ley. Un asunto complejo es que, si Colombia ha tenido un conflicto armado y estamos viviendo una reconfiguración de territorios y de presencia territorial, eso es un desafío para cualquier empresa que entre en los territorios, porque, en principio, tendría que tener unos códigos muy claros de sus relacionamientos para garantizar la protección de su personal y de su actividad. Pero no se pueden establecer mecanismos vinculados a actores no estatales ni en contra de las comunidades. Hay un desafío muy importante, porque eso es histórico. Ha pasado ya desde hace muchos años. Y ha habido reiteradamente el reclamo de las comunidades diciendo que es necesario que se aclaren cuáles son los mecanismos de protección o de seguridad que estas empresas utilizan. En Jericó, municipio de Antioquia, la Iglesia católica rechaza la actividad de la AngloGold Ashanti. Y en este momento hay una gira por Europa de la red Iglesias y Minería, en la que también se ha hablado en contra de esta multinacional. ¿Usted qué opina de esta posición? Yo estuve en Jericó no hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de conocer de cerca la posición del señor obispo. De escuchar también a los sacerdotes sobre la problemática que se ha creado. La preocupación de ellos tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de una zona que tiene una riqueza de producción de alimentos muy grande. Es una zona importante en cuanto capa vegetal y desde ahí han planteado una posición muy clara: aquí está de por medio el manejo de las aguas. En ese sentido, la posición de ellos ha sido bastante crítica frente a esta gran mina sobre la cual ha habido mucha discusión. Y el llamado ha sido, en gran parte, hacia la autoridad ambiental: una demanda para que, realmente, estudie a fondo, pues hay estudios comparativos de lo que podría pasar. Entrevista: Miguel Estupiñán Fuente: Diario El Tiempo

Ante los hechos de violencia contra líderes sociales en los municipios de Sardinata y Bucarasica, las Diócesis de Cúcuta y Tibú, alzaron su voz de rechazo frente a cualquier acción que atente contra la vida y la dignidad de cualquier persona. “nos duelen los hechos violentos que se presentaron en los últimos días en los municipios de Sardinata, Bucarasica y Tibú, donde tiene incidencia el proyecto: PARTICICIPACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA TRASFORMACIÓN POLÍTICA PACÍFICA DE CONFLICTOS EN EL CATATUMBO, COLOMBIA-FASE III “PARTICIPAZ” (…) que trajeron como consecuencia la muerte del líder social Arquímedes Rivera Remolina, dejando también herido al líder social Jesús Emel Ochoa, ofrecemos a sus familias nuestra oración, condolencia y solidaridad”. En un comunicado, hacen ver como los grupos armados al margen de la ley siguen atemorizando a las comunidades en las zonas del Norte de Santander, causando dolor en las familias que se ven afectadas por los constantes atentandos, secuestros, desplazamientos, paros armados, entre otros. Hacen un llamado a todos los actores para que se busquen caminos de diálogo y se preste la atención necesaria a esta problemática. “Las Iglesias particulares de Cúcuta y Tibú invitan a los actores armados al respeto a la vida, los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario; y a través del diálogo y el consenso, encontrar los caminos para la convivencia, el perdón, la reconciliación y la paz. De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades competentes al esclarecimiento de estos hechos de violencia y a proporcionar la seguridad y confianza suficientes, para que las misiones humanitrias no sean víctimas de atentandos”

Se trata del padre Eliecer Soto Ardila, sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja, nombrado por el Episcopado Colombiano durante la CXII Asamblea Plenaria, desarrollada en Bogotá del 14 al 18 de febrero. El presbítero, oriundo de San Gil (Santander), relevará al padre Darío Antonio Echeverri González, sacerdote claretiano y párroco de la Basílica Menor del Voto Nacional, quien estaba prestando este servicio en la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) desde diciembre del año 2001. El padre Soto ha venido desempeñándose como director de la Pastoral Social en Barrancabermeja, y cuenta con una amplia experiencia en el liderazgo de procesos de evangelización de lo social y de acciones humanitarias de atención integral a víctimas del conflicto armado. Para conocer más detalles del perfil del nuevo Secretario de la CCN, de su visión sobre el rol de la Iglesia Católica en la búsqueda de la reconciliación y la paz del país, y del llamado que desde ya le hace al ELN en medio del paro armado que en los últimos días ha afectado a comunidades de varias regiones del país, haga clic en el video de la entrevista:

Con miras a las elecciones que vivirá el país durante los próximos meses, representantes de la comunidad internacional, entre ellos el Nuncio Apostólico de Colombia, Luis Mariano Montemayor, hicieron un llamado a los grupos armados para que declaren un cese al fuego y en general un cese de hostilidades. En un comunicado piden “respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil” que participará a las elecciones legislativas y presidenciales en este año. El mensaje, firmado por más de 20 embajadas en Colombia y Naciones Unidas, resaltó “la importancia de que Colombia pueda conducir sus elecciones de forma libre e inclusiva, en un ambiente sin violencia”. Entre los firmantes del documento se encuentran: la Nunciatura Apostólica, Misión de Verificación de la ONU y Equipo País de Naciones Unidas en Colombia, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar convocatoria[/icon]

Tras sostener una reunión en Bogotá el pasado 22 de enero con una comisión de líderes provenientes del departamento de Arauca, el padre Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), entrega un informe sobre la crítica situación social y humanitaria que vive esa región del país y da a conocer detalles de las principales preocupaciones y peticiones que tienen actualmente sus comunidades. “Tienen temor de que el departamento de Arauca se esté convirtiendo en un laboratorio para el conflicto armado; tienen temor de que haya intereses de Colombia y del extranjero por hacer de este un lugar donde se privilegie la confrontación Colombia - Venezuela con utilización y con otros intereses extraños y mezquinos”, ha dicho el sacerdote. Conozca todos los detalles en el siguiente video

Entre los años 2020 y 2021, la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), entidad adscrita a la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), en articulación con diferentes jurisdicciones eclesiásticas, desarrolló una investigación exploratoria de carácter cualitativo en 15 regiones del país sobre el conflicto armado, a través de un video evidencia los primeros resultados de este trabajo investigativo. El estudio tuvo como propósito central identificar las causas actuales del conflicto armado y aquellas acciones de reconciliación y paz que diferentes comunidades e instituciones, entre ellas, la Iglesia Católica, viene impulsando en estos territorios, de manera especial, tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las FARC. Esta investigación se constituye en la primera fase del proceso de renovación del Acuerdo Nacional de Mínimos para la Reconciliación y la Paz en Colombia, que llevará a cabo la Iglesia en el 2022. El documento, conocido como ‘Mínimos de reconciliación y paz’, fue una estrategia de incidencia política y social de 8 puntos que aportó la institución en el año 2013, como resultado de un proceso de consulta en el que participaron diversos actores de la vida social, económica, política y académica del país con propuestas territoriales, a propósito de las condiciones necesarias para alcanzar la reconciliación y la paz, con bases estructurales y permanentes en la sociedad colombiana. Los resultados generales de la sistematización de esta primera fase de renovación, que permiten evidenciar importantes cambios en el contexto del conflicto armado que vive Colombia actualmente, fueron presentados y validados el pasado 1 de diciembre durante un encuentro nacional en el que la CCN convocó a cerca de 50 personas en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, entre ellas, obispos, sacerdotes y agentes pastorales de diferentes jurisdicciones. Durante el espacio también fue dado a conocer, en exclusiva, un video documental con los hallazgos centrales hechos por el equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Conciliación Nacional, a partir de las narrativas de personas entrevistadas en los 15 territorios: Chocó (Diócesis de Istmina-Tadó), Antioquia (Diócesis de Apartadó), Arauca (Diócesis de Arauca), Tolima (Arquidiócesis de Ibagué y Diócesis de El Espinal), Vichada (Diócesis de Puerto Carreño), Meta (Diócesis de Puerto Gaitán), Putumayo (Diócesis de Mocoa-Sibundoy), Nariño (Diócesis de Ipiales), Santander (Diócesis de Barrancabermeja), Norte de Santander (Diócesis de Ocaña), Cauca (Arquidiócesis de Popayán), Sucre (Diócesis de Sincelejo), Córdoba (Diócesis de Montelíbano) y La Guajira (Diócesis de Riohacha). Conozca los resultados y testimonios centrales del proceso, haciendo clic en el video: