diócesis de istmina

Tras haber finalizado la Caravana Humanitaria por la Vida y por la Paz en los territorios del río San Juan, en el departamento de Chocó, sus participantes presentaron este 20 de septiembre, un comunicado como conclusión del recorrido, en el que a partir del diálogo con las comunidades ribereñas constatan el agravamiento de la crisis humanitaria en la región debido a la presencia de actores armados, militarización, violaciones de derechos humanos y el abandono por parte del Estado colombiano. "A lo largo de la Caravana pudimos escuchar la voz de decenas de personas que, a pesar y por encima del miedo, expresaron el pensar y sentir de las comunidades, poniendo rostro y palabras a la crisis humanitaria que padecen los pueblos étnicos y la población mestiza del río San Juan. En medio de la descripción desgarradora de los impactos de la guerra, pudimos observar también la fuerza, la resistencia, la dignidad, el arte y la cultura de pueblos que no están dispuestos a rendirse, que no quieren abandonar ni entregar su territorio". "Queremos manifestar nuestra profunda tristeza y decepción por la casi total ausencia del Estado y la presencia, esporádica y con poco compromiso y abultada en promesas, del Gobierno en las distintas dependencias de los entes municipales, departamentales y nacionales que deben velar por la vida, la salud, la educación, la recreación, el deporte, la agricultura, etc", señala la misiva. Hallazgos más importantes de la Caravana A partir de cinco puntos, los asistentes a la Caravana describen en el comunicado los hallazgos encontrados durante su recorrido por la rivera. Entre ellos están: El desplazamiento forzado y el confinamiento; el subregistro del desplazamiento forzado y el confinamiento, hecho que deriva en una precaria atención al derecho fundamental que tienen las personas en esta condición; a pesar de las promesas hechas en la prevención de riesgo hacia la población. Solo se ha incrementado el pie de fuerza militar, no siendo esta la solución; pues continua, por parte de los actores armados, la violación de los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario; y la violación masiva y sistemática a los derechos humanos e intereses económicos que conducen cada vez más y de una forma acelerada a la extinción física y cultural de las comunidades, en lo que ellos han denominado "etnocidio en curso". Llamado urgente a proteger y restablecer los derechos de las comunidades Así también, en 10 ítems, hacen un llamado urgente para que cuanto antes se implementen acciones que permitan proteger y restablecer plenamente los derechos de las comunidades negras e indígenas, así como de la población mestiza que habita en el río San Juan, al noroeste de Colombia. Entre las peticiones se encuentran: Un llamado al Gobierno Nacional, para que a través de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas UARIV, se garantice el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas forzadamente y confinadas; articulación entre las entidades competentes para que se tomen acciones para la toma de las declaraciones de desplazamiento, individual y masivo, y de confinamiento; cumplimiento en la implementación plena y adecuada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; presencia y acompañamiento directo en el territorio por parte de organismos internacionales de carácter humanitario; visibilización e incidencia por parte de entes internacionales y de derechos humanos, para la garantía efectiva de los derechos de las comunidades; y cese de acciones militares por parte de todos los actores del conflicto armado. Compromisos asumidos para el acompañamiento a las comunidades Por su parte la Diócesis de Istmina - Tadó, a través de su Plan de Acción Pastoral LA CHAMPA MISIONERA, reitera su compromiso de seguir apoyando y acompañando todas las iniciativas encaminadas al fortalecimiento organizativo de sus entidades, diseñando e implementando Planes de Vida y de Etnodesarrollo. Así también, desde la Provincia Eclesiástica de Santafé de Antioquia y de la Región del Pacífico Colombiano, seguirán atentos para "ir acompañando e iluminando las organizaciones sociales, visibilizando e incidiendo en aras de un mayor cuidado y respeto por la vida, el desarrollo humano integral y el acatamiento de lo establecido para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario". La Caravana humanitaria por la Vida y por la Paz, que se cumplió del 11 al 15 de octubre, concluyó con la socialización del Pacto por la Vida y la Paz, desde el Pacífico y el Suroccidente para toda Colombia, que se firmó el pasado 10 de septiembre de 2020 a nivel nacional y que ahora es suscrito para estos territorios. Instituciones presentes durante la Caravana: 1. Diócesis de Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó. 2. Hermana Lauritas 3. ACADESAN: Consejo Comunitario Mayor del Río San Juan 4. COCOMIMSA: Consejo Comunitario Mayor de Istmina 5. CIVP: Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico 6. CRPC: Coordinación Regional del Pacífico Colombiano 7. OCHA: De la ONU 8. MAPP-OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA 9. PODIUM 10. CODHES 11. Fundación Universitaria Católica de Cali Lumen Gentium 12. FLM: Federación Luterana Mundial 13. Iglesia Menonita 14. CIEDERPAZ: Corporación Interétnica y Ecuménica por la Reconciliación y la paz. 15. FISC: Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó 16. Mesa Indígena Departamental. 17. WOUNDEKO 19. Entre otros… [icon class='fa fa-download fa-2x'] Descargar comunicado[/icon]

Un nuevo llamado a la paz y la reconciliación hace el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, quien advierte del peligro que corren las comunidades por el anuncio de posibles genocidios que podrían llegar a ocurrir en estos territorios del pacífico. “Se están moviendo aguas subterráneas en este San Juan, anunciando verdaderos genocidios que podemos evitar. Por favor, es inaplazable la atención inmediata, por las vías del diálogo y la concertación”. A través de un comunicado, el prelado urge la presencia del Estado y de organismos nacionales e internacionales, “cuyo razón de ser fundamental es la vigilancia y cuidado de los derechos humanos integrales”. Así como también, pide a la Iglesia, a través de la Santa Sede, de los episcopados europeo, estadounidense, de las Cáritas, e instituciones eclesiales para que constaten y tiendan la mano ante la situación compleja que viven estas poblaciones. “Unidos a todas las autoridades, tanto Estatales como Sociales, cuyo radio de acción son los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Bajo Baudó, en el Departamento de Chocó, Colombia, nuevamente, en nombre de la Diócesis de Istmina-Tadó, dirijo un nuevo llamado en bien de la paz y la reconciliación, camino hacia un humanismo integral, para estas comunidades de hermanos afrodescendientes, wounaán y mestizas”. Las anteriores advertencias, las soportan luego de una visita pastoral y humanitaria que realizaran los días 24 y 25 de septiembre, una comisión de Pastoral Social de la Diócesis de Istmina, haciendo equipo con las Alcaldías Municipales de Istmina y Medino San Juan, Defensoría del Pueblo, ACNUR, WOUNDEKO Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaán de Colombia, donde constatan los acosos que sufren las comunidades indígenas Wouna++an de La Unión Chocó, San Cristóbal, Puerto Olave, La Lerma y Unión Wounaán, de manos de las AGC o Clan del Golfo y del ELN, por el dominio de territorios. Según las cifras presentadas, un total de 1.200 personas estarían desplazadas de sus territorios. En el municipio de Puerto Olave se han recepcionado 250 familias y se abrió un corredor humanitario, acompañando el traslado hacia otros lugares más seguros, de 584 personas Wounaán, reunidas en 118 familias. “La Iglesia de Istmina-Tadó, con la Iglesia Católica en general, no ceja en el empeño de ser voz y acción de todos los que, sin ninguna distinción, claman por la justicia y la verdad. Todo homicidio es un fratricidio y la sangre humana, derramada como consecuencia de la espalda que le damos a Dios”. Finalmente, el prelado anuncia que la semana del 11 al 15 de octubre, la diócesis de Istmina, en unión con la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, CRPC, los Consejos Comunitarios Mayores y Menores, los Cabildos Indígenas de Istmina y Medio San Juan estarán visitando estas comunidades y socializando el PACTO POR LA VIDA Y POR LA PAZ, esta misma acción la realizarán el 2 de octubre, en Ciudad Mutis, municipio de Bahía Solano.

En un video-mensaje difundido este 22 de febrero, la Iglesia católica presente en la región de Antioquia y Chocó, representada en sus obispos, pide con claridad y contundencia al Gobierno Nacional que mire con mayor atención estos territorios tan golpeados por la violencia, especialmente a la subregión del Baudó. Desde el 22 de febrero y hasta el viernes 26 de este mes, monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, obispo de Quibdó; monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez​, obispo de Istimina – Tadó, y monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Apartadó, se encuentran realizando un acompañamiento de escucha a las comunidades del Río Baudó, que son víctimas de la disputa territorial entre el ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “No podemos seguir arrastrando una historia de olvido y de desprecio que alimenta la violencia, la muerte, con todo lo que hay alrededor (…) La Iglesia quiere colaborar, quiere acompañar, pero le corresponde a los gobiernos nacional, departamental y local hacer lo propio, para que estas comunidades vayan resurgiendo y encuentren el camino de la redención”. Al lamentar el asesinato de la Indígena Luz Aida Concha, de la comunidad Miacora,los obispos hacen un llamado a los grupos al margen de la ley para que paren esta ola de violencia y miren el sufrimiento causado a las comunidades. Por su parte, monseñor Juan Carlos Barreto, en diálogo con el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), señala algunos factores que siguen aterrorizando a las comunidades de estos territorios chocoanos: “asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento de menores, desplazamiento, confinamiento, amenaza a líderes y comunidades”. Frente a este panorama, observa que la presencia de los obispos en estos territorios, “además de acompañar a las comunidades”, también permite “visibilizar la situación y hacer incidencia ante la Comunidad Internacional y el Estado colombiano. La respuesta que se pide es integral”.