Chocó

Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia expresaron su preocupación por el alto índice de deforestación, como consecuencia de la extracción minera a cielo abierto, y las afectaciones causadas en el ambiente y en las personas por la contaminación con mercurio. Así lo hicieron conocer monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, obispo de Santa Rosa de Osos y monseñor Noel Londoño Buitrago, obispo de Jericó, en una rueda de prensa que se realizó en instalaciones del episcopado colombiano. En el comunicado de prensa, los prelados citan el informe "Explotación de oro de aluvión en Colombia" realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los Ministerios de Justicia, Medio Ambiente y Minería, presentado en junio de 2016. El informe revela que en 17 departamentos de Colombia se realiza minería a cielo abierto y que Chocó y Antioquia son los más afectados. [icon class='fa fa-download' link='']COMUNICADO DE PRENSA[/icon] [icon class='fa fa-microphone' link='']REGISTRO: LECTURA COMUNICADO[/icon] Además, este informe advierte que hay 8.939 hectáreas afectadas. El 79% está en los departamentos de Chocó (46%) y Antioquia (33%). Hay minería en 5 parques naturales y en zonas cercanas a 9 más. Esta minería causa daño al bosque y a la cobertura natural. El daño a la vegetación pura es de 24.450 hectáreas, el 77% en el Chocó, donde se encuentra el ecosistema con “biodiversidad más importante del mundo”. Frente a este escenario, los obispos invitan a los organismos del Estado, a las empresas nacionales e internacionales y la sociedad civil a "evitar que la minería mecanizada, con sus dragas y retroexcavadoras, siga destruyendo el medio ambiente y la salud de las personas y asimismo que se implementen medidas eficaces para detener el actual desastre ambiental y social". "La minería es un mal progresivo que afecta las cuencas hídricas, la atmósfera y a la persona humana. Es invasiva y tiene estrecha relación con los grupos armados ilegales", aseguró monseñor Ricardo Tobón Restrepo. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR RICARDO TOBON RESTREPO[/icon] Por su parte monseñor Noel Londoño Buitrago subrayó que el poder económico de las empresas mineras es muy grande y que uno de los problemas para combatirla es que la población desconoce la temática. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR NOEL LONDOÑO BUITRAGO[/icon] Cada mes se destruyen un promedio de 2.000 hectáreas de bosque en el país a causa de la minería a cielo abierto. Sólo el 2% de esta minería tiene licencia ambiental. En este punto el obispo de Santa Rosa de Osos, monseñor Alberto Ossa Soto, aseguró que en su región la minería está dejando grandes extensiones de desierto. "No es mentira pero cada vez más se parece al desierto de Atacama", puntualizó el prelado. [icon class='fa fa-microphone' link='']INTERVENCIÓN MONSEÑOR JORGE ALBERTO OSSA SOTO[/icon] Según el Estudio Nacional del Agua, realizado por el IDEAM, se estima que 205 toneladas de mercurio terminan al año en los ríos de Colombia. El boom de la minería ilegal está convirtiendo los afluentes de 17 departamentos del país en autopistas contaminadas. También se ha revelado que sólo en 13 ríos de Antioquia los mineros ilegales han arrojado 100 toneladas de mercurio poniendo en riesgo la vida de al menos un millón de personas. Sobre este punto monseñor Juan Carlos Barreto comentó acerca del anunció que la Corte Constitucional hizo el pasado mes de febrero sobre una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio."Hay muchos problemas a nivel de salud. 37 niños que pudieron haber fallecido por causa de la minería.La política no ha correspondido a lo que necesita la región", lamentó el prelado. Los obispos piden "un cambio de mentalidad" para que la minería no sea concebida como una opción privilegiada para el desarrollo económico. "Exhortamos a favorecer otras actividades para la subsistencia de los pobladores de las zonas de minería, como la agricultura, la pesca, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad". En este sentido monseñor Ricardo Tobón Restrepo afirmó que la solución debe ser integral y global. "Hay que integrar a la minería en un proyecto nacional. Del medio ambiente no se puede abusar. Hay que hacer una planeación de la extracción de los recursos y tener una visión ética, además de una educación sobre medio ambiente. Podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua, sin aire, por ello es urgente un control fiscal y una revisión sobre la ley de minas y un diálogo urgente entre el ministerio de minas y medioambiente", afirmó el prelado. Los obispos reiteraron que la lucha contra la minería ilegal requiere acabar con la corrupción de algunos servidores públicos, hacer operativas las instituciones del Estado y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales. En este sentido, en la perspectiva del post-acuerdo con las FARC, se debe garantizar que esta guerrilla renuncie definitivamente a la minería. Finalmente recordaron que en 2015 publicaron una Carta Pastoral sobre la Minería en la que se llamó la atención contra los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales, y particularmente del ejercicio irresponsable de la minería. [icon class='fa fa-microphone' link='']RONDA DE PREGUNTAS PERIODISTAS[/icon]

Cientos de personas se congregaron hoy en la ciudad de Istmina (Chocó), para marchar pacíficamente y mostrar de esta manera su rechazo a los continuos paros armados por parte de grupos como el ELN y el Clan Usuga que frecuentemente paralizan esta zona del país. La iniciativa que contó con el apoyo de la diócesis de Istmina terminó con un acto religioso. Uno de los coordinadores, el padre Jaime Zapata, encargado de la Pastoral Indígena de esta Iglesia particular, resaltó el motivo la marcha pacífica de protesta. "Es una manifestación de la sociedad civil en contra de los continuos paros armados, los desplazamientos y los confinamientos de la población en todas las cabeceras municipales del departamento del Chocó”. “Es una manera de pedirle a los grupos armados que respeten el derecho que tenemos como población civil al libre desplazamiento, a la gobernanza propia, a la autonomía de vivir dentro de nuestros territorios”, intervino el sacerdote. Muchos de los participantes portaron pancartas alusivas a la paz y a personajes históricos que en su momento contribuyeron a la reconciliación.

Diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó solicitan urgente reunión con el presidente de la República para dar a conocer la “critica situación de salud” por la que atraviesa el departamento del Chocó. En una carta firmada por los obispos de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, y organizaciones sociales y étnico territoriales del Departamento del Chocó se denuncia la falta de redes hospitalarias, la ausencia de un hospital de tercer nivel, el insuficiente personal médico y de especialistas, la falta de planes eficaces de atención a personas en estado de vulnerabilidad, el mal servicio de las EPS y las IPS y la precaria intervención del Sistema de Salud en el departamento. [icon class='fa fa-download' link='']DESCARGA LA CARTA[/icon] En la carta se explica que luego de “agotar otras instancias del conducto regular” se solicita una audiencia en el despacho presidencial para exponer la situación de insalubridad en la que está sumergida la población de este departamento. “Un departamento con cerca de 500 mil habitantes, no tiene un hospital de Tercer Nivel, y el Hospital San Francisco, el único de segundo nivel en la Ciudad de Quibdó, está en pésimas condiciones en cuanto a infraestructura y equipos. (…) y en las zonas rurales, la situación es aún peor. Donde existen centros de salud, estos en su gran mayoría están dramáticamente deteriorados”, denuncian los prelados. Así mismo se pide al Gobierno Nacional se ponga en marcha el modelo de salud con enfoque diferencial propuesto de las organizaciones sociales y étnicoterritoriales, la construcción y dotación de un Hospital de Tercer Nivel para el departamento del Chocó y el derecho a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para sus habitantes. Foto: Internet